En condiciones de ser analizado por la Cámara de Diputados, en su tercer trámite, quedó el proyecto sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano.
Ello, luego que la Sala del Senado despachara en particular la iniciativa con algunas votaciones de mayoría, en especial en lo relativo a las normas de edificación en altura en sectores rurales y el sistema tributario específico en el caso de los cambios de uso de suelo desde agrícola a urbano.
El proyecto tiene por objeto ampliar la participación ciudadana en la planificación territorial y local, para de esta forma mejorar los niveles de transparencia del mercado del suelo. Además, busca perfeccionar el impuesto territorial y establecer un tratamiento tributario específico en el caso de los cambios de uso de suelo desde agrícola a urbano.
Asimismo, el proyecto determinará los estándares urbanísticos mínimos a los que deberán ajustarse toda elaboración o modificación de los instrumentos de planificación urbana comunal y las normas supletorias por las que se regirán las construcciones que se levanten en zonas urbanas que no estén normadas por un Plan Regulador Comunal o un Plan Seccional; garantizará el acceso público a la información de los instrumentos de planificación territorial, obligando al órgano que emita un acto administrativo, mediante el cual se apruebe o modifique este tipo de documentos, a publicarlo en su página web y a publicitar su disponibilidad a través de los medios que se señalan.
Otros temas
Además, dispone que, en el diseño o elaboración de cada uno de los diferentes tipos de planes urbanísticos o de sus modificaciones, deberá asegurarse la transparencia y participación ciudadana; regulará las diferentes actuaciones y etapas que deberán cumplirse en el proceso de consulta pública; entre otros.
Para hacer más transparente la información sobre el catastro de bienes raíces que actualmente administra el Ministerio de Bienes Nacionales, se establece la obligación de mantener estos antecedentes en un sistema informático georreferencial, disponible en su sitio web.
Los bienes raíces no agrícolas afectos a impuesto territorial, ubicados en áreas urbanas y que correspondan a sitios no edificados, tengan o no urbanización, pagarán una sobretasa del 100% respecto de la tasa vigente del impuesto y grava con impuesto a la renta, de una tasa del 10%, el mayor valor obtenido en aquellas enajenaciones a título oneroso de bienes raíces, de los derechos reales constituidos en ellos o de cuotas poseídas en comunidad respecto de tales bienes, que se encuentren en zonas incluidas en un proceso de ampliación del límite urbano.
Edificación en altura
En primer lugar, por 23 votos, fueron aprobadas todas las normas de quorum votadas positivamente de forma unánime y aquellas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones durante su discusión en comisión.
Tras dicha aprobación, parlamentarios discutieron respecto de la norma de la letra a del artículo 28 quinquies, que establece que la edificación en altura no podrá superar “la altura promedio de los edificios ya construidos en las manzanas edificadas, con un máximo de diez pisos”.
Mientras que en el caso de aquellas comunas que no cuenten con un plan regulador establecido y no cuenten con edificaciones construidas, no se podrán “exceder los dos pisos, salvo que se trate de conjuntos habitacionales de viviendas sociales, que podrán alcanzar hasta cuatro pisos”.
La medida, que fue aprobada por 22 votos a favor y 8 en contra, obtuvo críticas de diversos parlamentarios por no regular a favor de las comunas rurales y la ministra de Vivienda, Paulina Saball, explicó que se trataba de una medida a favor de que los diversos municipios estableciesen su plan regulador.
Esto fue apoyado por los senadores Carlos Montes y Ricardo Lagos Weber, aunque el segundo, explicitó que se debiese definir bien que es lo que se entiende por edificación.
El senador Eugenio Tuma, junto a los parlamentarios Juan Antonio Coloma, José García Ruminot y Alejandro García Huidobro hicieron presente sus críticas pues a su juicio esta medida dificultaba el desarrollo de las regiones y las comunas.
Junto a esto, el senador García Huidobro, consideró esta disposición como una “regulación bastante grande para las regiones”, y criticó que se estableció para evitar lo ocurrido en Estación Central, pero que no era comparable con lo que sucede en regiones.
Procedumiento simplificado y participación
Luego se sometió a debate la disposición que establece un procedimiento simplificado de regularización de los planes intercomunales cuando las modificaciones no sean sustantivas. La disposición se aprobó en forma unánime.
En este punto el debate estuvo centrado en qué entidad determinará si las modificaciones a dichos planes son sustantivas o no. Intervinieron los senadores José García Ruminot, Juan Pablo Letelier y Carlos Montes además de la ministra de Vivienda, Paulina Saball.
En tanto, la disposición que apunta a evitar la duplicidad de trámites para la modificación de planes reguladores también se aprobó en forma unánime con la aclaración que el proyecto también garantiza mayor participación ciudadana. Hicieron uso de la palabra el senador Alejandro Navarro y la ministra de Vivienda.
Impuesto por ampliació del límite urbano
Asimismo en votación separada se aprobó por 20 votos contra 6 el artículo 4° que establece que «se gravará con impuesto a la renta con una tasa de 10%, la parte del mayor valor obtenido en aquellas enajenaciones a título oneroso de bienes raíces situados en Chile, derechos reales constituidos en ellos, o de cuotas poseídas en comunidad respecto de tales bienes, que se encuentren en zonas incluidas en un proceso de ampliación del límite urbano…..».
Esta norma motivó una amplia discusión entre quienes consideran que se trata de un nuevo impuesto a la propiedad (aparte de la reforma tributaria y la ley de rentas) que afectará el desarrollo económico. Los senadores García Ruminot, Moreira y Coloma lo consideraron «un error» y «un exceso», mientras que su par, senador Montes dijo que «no se trata de un castigo sino compartir parte del beneficio por el cambio normativo».
Dj
