Un ex ministro de la Corte Suprema Argentina acuño en su tiempo “Nos hemos dedicado a elaborar un cuidadoso discurso de justificación del poder punitivo que es ejercido por otras agencias que no tienen nada que ver con nosotros, especialmente las agencias policiales y ejecutivas, las de publicidad (medios masivos) y las políticas» (Eugenio Raúl Zaffaroni).
El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, ingresó junto a otros parlamentarios una acusación constitucional en contra de la Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, luego de otorgarle la libertad condicional en 2016 a Hugo Bustamante, presunto asesino de Ámbar Cornejo, que cumplía una pena de 27 años de cárcel por el asesinato de su pareja y el hijo de ésta de nueve años. «Notable abandono de deberes» acusa. Además, le cuestiona su rol en dar libertad condicional no solo a Bustamante, sino que en otros casos.
Una avivada de del ex chico reality a fin de obtener cámaras de un tema que evidentemente no domina. Basta recordarle por ejemplo que fue su sector el que en el año 2018 se negó a establecer requisitos mas gravosos por la ley de libertades condicionales, normativa que estableció que es un beneficio no un derecho.
¿Es relevante discutir si el rol de la judicatura en el beneficio otorgado a Bustamante soluciona el del delito en Chile?
No cabe duda de que Donoso actuó de conformidad a la Ley. Sostener lo contrario es ampararse en el populismo. Que ha hecho Longton, su partido, su sector, los políticos en general por construir una verdadera política criminal resocializadora. Nada. Y no van a hacer nada. No les interesa.
Dichas incongruencias ideológicas y políticas hacen cultivo hoy en día.
Construir una sociedad justa, armoniosa, con oportunidades para todos no es patrimonio de los parlamentarios que patrocinan dicha acusación constitucional.
Ponerse en el lugar de un juez que frente a la difícil decisión de otorgar la libertad a un condenado a fin de creer en que el sistema lo reinsertará sigue siendo la convicción de los que queremos una sociedad desarrollada, ajena a leyes de emergencia. El derecho penal no es ni será la solución de los problemas de la criminalidad. La solución esta en el nuevo Estado que queremos como nación. Es nuestro deber moral luchar para que ello ocurra y para que nunca más se legisle al revés y para que no 9 de 10 hijos de delincuentes sean igual que su padre, sino que para ninguno de ellos lo sea.
La delincuencia se reduce en la medida de que se desarrollen políticas que garanticen la justicia social y medidas sustentables de reinserción, y para ello, es fundamental que sigamos avanzando bajo una mirada que sea capaz de anteponer grandes propósitos por sobre consideraciones de corto plazo y ello, con la actual institucionalidad, es muy poco probable.
Por Cristián Ramírez Tagle
Abogado
