Tanto la Defensora de la Niñez, el Consejo para la Transparencia y parlamentarios de oposición anunciaron acciones judiciales en contra del Servicio Nacional de Menores (SENAME) al conocerse el acuerdo que implica la entrega de datos personales «sensibles» de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado de dicha entidad a la la Agencia Nacional de Inteligencia.
Fue en un reportaje publicado por Radio BíoBío que se divulgó el martes 21 de abril el que apunta a «facilitar a la ANI el acceso a información que posee el Sename que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI».
Asimismo, el documento indica que pretende desarrollar «una alianza estratégica de cooperación institucional con el objeto de establecer vínculos para la ejecución de acciones afines al cumplimiento de los respectivos objetivos institucionales, incluyendo la capacitación en materias de competencia, propias de cada institución».
«La ANI y el Sename han acordado suscribir el presente convenio destinado al intercambio de información y a aunar esfuerzos para realizar un trabajo conjunto, a fin de contribuir al logro de una mejor y más eficiente gestión en el cumplimiento de las funciones privativas que la ley les encomienda a ambas instituciones», señala el texto firmado el 21 de febrero de este año por la empresaria Susana Tonda, actual directora del SENAME y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Jordán.
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Una de las primeras en reaccionar fue la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien indicó a diversos medios que debe aclararse el a la brevedad el contenido y alcance del acuerdo, asegurando que «evalúa tomar acciones constitucionales» en caso contrario.
Para Muñoz hay deberes del Estado que son ineludibles, tales como «la protección de derechos, de la privacidad y la NO estigmatización y criminalización de los niños, niñas y adolescentes, principio que se vería contrariado por el acuerdo en cuestión, toda vez que expone información sensible de Niños, Niñas y Adolescentes vulnerados en sus derechos contraviniendo, además, los principios de la Convención de los Derechos del Niño».
Indicó, asimismo, que «resulta bastante preocupante por producirse en el mes de febrero, post estallido social, donde ciertamente lo que hace es agudizar, profundizar la estigmatización y criminalización de NNA vinculados al SENAME, procurando su relación con la investigación criminal, lo que nos parece insostenible e intolerable».
Para la Defensora de la Niñez «desde el 18 de octubre a la fecha figuran más de 4.080 niños, niñas y jóvenes detenidos entre octubre y diciembre del 2019; de los cuales 186 habrían sido puestos en prisión preventiva».
Los cuestionamientos siguieron esta jornada. Así el Consejo para la Transparencia señaló que el convenio «no se ajusta a la garantía constitucional de protección de datos en niños, niñas y adolescentes, por lo que invitamos a repensarlo», según lo señala el presidente del organismo, Jorge Jaraquemada.
Jaraquemada recordó que en la jurisprudencia y pronunciamientos reiterados del Consejo para la Transparencia (CPLT), los datos de niños, niñas y adolescentes son de características especialmente sensibles: «estos pueden ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de los mismos». Lo anterior aparece reforzado -agregó- “si consideramos la circunstancia de que se trata de menores de edad que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad».
«La ley vigente en materia de protección de datos personales establece un estatuto especial de protección de los datos sensibles (…). Nuevamente vemos que existe un problema de juicio al ponderar correctamente la colisión de derechos entre transparencia y datos personales, hecho que debemos corregir a la brevedad», finalizó.
Gobierno: Es normal este tipo de convenios
Una de las consignas del gobierno de Sebastián Piñera fue que «los niños están primero» y se alude a los que están bajo protección del SENAME. Incluso en la cuestionada arenga de la vocera Karla Rubilar del fin de semana en que llamaba a los funcionarios públicos a volver al cuestionado trabajo presencial aludió expresamente a los menores en dicha institución.
Sin embargo para el gobierno el acuerdo entre el SENAME y la ANI no implica ninguna vulneración de derechos. Así el ministro del interior, Gonzalo Blumel indicó que «es bastante común y normal que entre instituciones del Estado se realicen convenios. Ese convenio era público y se encuentra alojado en la página de Transparencia del Sename… no tiene mayor elemento de novedad y se rige por normas muy estrictas de manejo de la información, no tiene mas significado que la colaboración en el manejo de la información».
