En condiciones de ser analizado por la Sala quedó el proyecto que modifica la ley N°20.529, sobre el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización y que amplía las atribuciones del administrador provisional (boletín 11266).
El texto legal se debatió en su minuto en el marco del conflicto entre docentes y la Corporación de San Fernando por el no pago de la totalidad de sus salarios.
El presidente de la Comisión de Educación, diputado Rodrigo González (PPD), explicó que “tras una larga discusión se aprobó un proyecto de ley sumamente importante para enfrentar las crisis de los municipios cuando se producen situaciones de no pago de deudas provisionales, de deudas crecientes de los municipios o de otras situaciones que ponen en riesgo la administración municipal de las corporaciones o de los Daem (Departamento de Administración de Educación Municipal), pero también de los establecimientos particulares subvencionados”, precisó.
Detalló que el texto legal consiste en “establecer la figura de un administrador provincial que interviene en el establecimiento y reestablece el funcionamiento del mismo. Restablece las funciones del establecimiento cuando los alumnos ha dejado de concurrir a clases como ocurrió en el municipio de San Fernando, por lo tanto, asegura la normalidad y la atención de los servicios educacionales a los alumnos”.
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El parlamentario añadió que “se le entregan plenas facultades a este administrador previsional para asumir las funciones de gestión del establecimiento, para pagar todas las obligaciones que surjan desde el momento del inicio de sus funciones y para reestablecer la normalidad. Además, puede prorrogar en más de un periodo anual su funcionamiento en caso que ello sea necesario” precisó.
Por su parte, el diputado Mario Venegas (DC), explicó que “se trata de una situación que se ha dado en algunos establecimientos, afectando el normal funcionamiento y el servicio educativo para los alumnos, creando una situación grave”.
El legislador señalo que “en un principio, la ley sobre administrador provisional estaba concebida, más bien, para intervenir un establecimiento, mientras que el proyecto en trámite genera normas que permiten la intervención de un conjunto de sistemas”.
Agregó que “lo que hacemos aquí es generar normas que permitan la intervención de un conjunto de sistemas; es decir, de un Daem de un departamento de educación de una corporación, que ha entrado en una situación de crisis, económica, administrativa, académica, que hace aconsejable que un administrador provisional tome el control para normalizar el sistema”.
En sus antecedentes, los autores del proyecto de ley argumentan que se busca poner pronto remedio a situaciones de precaria administración existente a lo largo del país, en lo que respecta a la educación pública municipalizada, las cuales no pueden solucionarse sino permitiendo una intervención mayor por parte del administrador provisional, según se propone en este proyecto.
Consideran, asimismo, que dilatar esta decisión involucra dejar a la deriva a miles de profesores, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados que ven cómo hoy la educación pública municipalizada está en estado de abandono.
De esta manera, el proyecto busca otorgar una alternativa, para oxigenar aquellos establecimientos educacionales que por un mal manejo de su sostenedor, hoy no tienen las herramientas para desarrollar con normalidad el servicio educacional en favor de las niñas y niños de nuestro país.
Dj
