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La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado en contra de la Municipalidad de Viña del Mar por vecino de la ciudad, por la contaminación acústica que generan músicos callejeros.
En fallo dividido dictado en la causa Rol 1048-2017, la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Raúl Mera, Silvana Donoso y María Angélica Repetto– acogió la acción de protección y ordenó a la Municipalidad de Viña del Mar «adoptar de inmediato las medidas pertinentes para cumplir con su obligación en cuanto a denunciar efectivamente a los infractores a la ordenanza sobre ruidos molestos que se ubican en los espacios públicos del centro de la ciudad de Viña del Mar, señalados por el recurrente, requiriendo el auxilio de Carabineros de Chile en su caso, e informando a esta Corte de las medidas adoptadas para el ejercicio efectivo de su función, en aras a hacer cesar los ruidos molestos que perturban el derecho del recurrente a vivir en un medio ambiente libre de contaminación».
La sentencia tuvó en consideración que el municipio recurrido reconoce, explícitamente, que en la ciudad «hay personas que hacen sus demostraciones artísticas o religiosas a altos volúmenes en la vía pública, con lo que resulta que los hechos se tornan indubitados para esta recurrida, que, sabiéndolos, está obligada a actuar de oficio, en resguardo del derecho de los habitantes -entre ellos el actor- siendo desde luego inocuo que exista una ordenanza contra los ruidos molestos, si no se aplica».
La resolución añadió que «la omisión se torna no sólo ilegal, sino francamente arbitraria, cuando el municipio informa que no hace cumplir la norma porque los infractores son violentos y el público los apoya. Tal criterio importa renunciar a la autoridad y al derecho, propiciando la autotutela, o la sola vigencia de la ley del más fuerte, lo que representa el sumun de lo arbitrario en un estado de derecho, máxime si proviene de una autoridad que tiene la posibilidad de contar con el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la normativa. Esa omisión afecta con toda evidencia el derecho del actor a vivir en un medio libre de contaminación, si el propio Municipio reconoce que las emisiones ruidosa.
DJ
