Cuando Pablo Longueira, apoyado por la presidenta de la UDI Jacqueline Van Ryselberghe, acusaron a la abogada María Inés Horvitz como “la consejera comunista” se vio el uso indebido de parte de la derecha en la descalificación a priori de quien integra el Consejo de Defensa y los demás miembros de dicho organismo que decidieron querellarse contra Longueira por fraude al Fisco y cohecho.
El mismo libreto se utiliza por el presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich; la subsecretaria de Salud, Paula Daza y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, para sacar de la investigación al fiscal Marcelo Carrasco, quien fue designado por el Ministerio Público hace ya tres mes para realizar las indagaciones tras una querella declarada admisible interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por la muerte de 62 vecinos de dicha comuna en medio de la pandemia del Covid19.
Cabe recordar que la querella se dedujo en contra del jefe de estado, el ex ministro de salud y los subsecretarios por actuar negligente y grave en el actual contexto de pandemia.
Los abogados de Piñera y los querellados, Eduardo Riquelme, Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso pidieron al fiscal nacional, Jorge Abbott, la remoción del fiscal a cargo ya que acusan que en una audiencia desarrollada el pasado 23 de julio —en el 6° Juzgado de Garantía de Santiago— el fiscal Carrasco junto a su abogado asistente realizaron opiniones que, según señalan, vulnerarían el principio de objetividad por el cual se rige un persecutor de la Fiscalía.
Sostienen que “lo que evidencia la parcial e interesada posición del fiscal a cargo en orden a propender a la intervención procesal en la investigación del señor Jadue y otros militantes del Partido Comunista, es que señaló sin pudor alguno que ‘somos objetivos, lo que no podemos hacer su señoría es simplemente (ser) neutrales en un caso como este”.
La estrategia está orientada a excluir al fiscal Carrasco de la investigación ya que ha avanzado más allá de lo que las autoridades esperaban y se vislumbra un escenario complejo para Piñera, Mañalich y los subsecretarios Daza y Zúñiga, por lo que un nuevo persecutor podría permitir cerrar la investigación con mayor rapidez.
El querellante alcalde Daniel Jadue indicó que “resulta impresentable que imputados pretendan escoger a fiscales a su pinta desconociendo separación de poderes”.
