El ministro de hacienda, Ignacio Briones, ha estado en todos los medios de comunicación durante la pandemia del Covid19. Tratado como un verdadero salvador ha anunciado proyecto y escenarios catastróficos para las empresas en los próximos meses y años, ajustándose al libreto del paquete de ayuda fiscal que supera los 11 mil millones de dólares pero que para los sectores más vulnerables implica el pago de un bono de $50.000 por única vez a fines de abril, abriéndose un flanco de diferencias con la oposición que le exige un mayor esfuerzo y subir el beneficio a $100.000 durante tres meses.
Claro que el bono irá a los sectores más vulnerables en la lógica de la focalización y el problema es el resto de trabajadores dependientes de clase media que están viendo a partir de hoy la decisión compulsiva de muchos empleadores de despidos por la causal fuerza mayor. Para otros, la medida esperada de la cuarentena implicó que las empresas no pueden funcionar y la pregunta es cómo se financiarán dichas familias.
Briones poco se ha referido en los últimos días al anuncio realizado hace más de una semana de que se modificarían las reglas del seguro de cesantía y así los trabajadores con relaciones laborales «suspendidas» podrían cobrar a fin de mes el pago de «parte» de su remuneración. Pasaron los días y la élite empresarial y política se enfrascó en la petición del titular de haciende de la rebaja en un 30% de los sueldos de ministros de estado y el apoyo a las grandes corporaciones, como Latam, con un nuevo integrante de hecho del gabinete: el presidente de la CPC Juan Sutil.
Pero la medida de cuarentena en las siete comunas de la región metropolitana hizo surgir a miles de trabajadores la duda en cuanto a si seguirán percibiendo remuneraciones si su empresa no es de aquellas que el instructivo redactado -a última hora por el gobierno- considera como «esenciales».
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Fue así que la abogada Camila Jordán en su calidad de directora subrogante de la Dirección del Trabajo emitió esta mañana un nuevo dictamen y se confirmó que las empresas no pagarían sueldos si estaban en zona de cuarentena.
Las dudas siguieron y en el punto de prensa en que las ministras Karla Rubilar y Katherine Martorell intentaron explicar las medidas y sus efectos se señaló que los trabajadores -cientos de miles por cierto- que verán su fuente laboral cerrada deberán esperar un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional y que era precisamente el que pomposamente anunció el ministro de hacienda, Ignacio Briones hace una semana atrás.
Pero Martorell intentó tranquilizar a los afectados indicando que la iniciativa incluía una norma que pagaba en forma retroactiva el seguro, sin mayores precisiones.
No informó eso sí Martorell que el gobierno luego de presentar todos los proyectos que favorecen a las grandes, medianas y pequeñas empresas recién ayer -25 de marzo- presentó el referido a la cobertura del seguro de cesantía, esto es una semana después de anunciada la medida. Así consta en número de boletín 13352-13 del senado.
Pero no sólo la demora en la tramitación del proyecto causará dificultades a los afectados, sino que la iniciativa consagra una serie de exigencias como que los trabajadores registren tres cotizaciones continuas con el mismo empleador en los últimos tres meses inmediatamente anteriores, quedando excluidos aquellos que hayan sido contratados en un período anterior y con la duda en cuánto a si deben estar enteradas o simplemente declaradas.
