La pandemia ha resaltado lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, entre la solidaridad de las ollas comunes y la delincuencia desatada, comunidad e individualismo, lo social frente a lo particular, pero nada de esto debe asombrarnos, al fin y al cabo somos humanos, seres imperfectos y en constante regresión. Si esto es parte de nuestra naturaleza no evolucionada ¿por qué exigimos de nuestras autoridades un comportamiento distinto?
¿Acaso son semidioses o alienígenas? No, está claro que son nuestro propio reflejo, de hecho, Joseph de Maistre -filósofo político francés del siglo XIX-, al hablar de los resultados de la revolución de 1789 declaraba: “cada pueblo tiene el gobierno que merece”, y tal vez sí tenía razón. ¿Pero todos merecemos un mal gobierno sólo porque respetamos el resultado obtenido democráticamente en las urnas? Creo que no, y es aquí donde los poderes legislativo y judicial debieran actuar en conciencia y dar fiel cumplimiento a los fines para los cuales fueron creados.
Lo vivido en este período de gobierno de Sebastián Piñera me lleva justamente a hacer la reflexión anterior, ¿merezco el gobierno que me gobierna? No voté por él, pero acepto su autoridad conferida en pleno derecho, sin embargo, me niego a aceptar su gobernabilidad la que insiste en imponer a costa de poderes excepcionales para los cuales no está capacitado. Lo siento, pero verdaderamente no está a la altura de ningún gobernante anterior. En términos políticos este “gobierno que nos gobierna” es una “Kakistocracia”, el gobierno de los peores.
El término Kakistocracia comenzó a utilizarse en el siglo XVII y ha reflotado de la mano del profesor de la Universidad de Turín, Italia, Michelangelo Bovero, quien se refiere al gobierno italiano de fines del siglo XX, como “la combinación de la oligarquía y la demagogia: un pésimo gobierno, la república de los peores. Un tipo de gobierno plutocrático-demagógico-autoritario. Basado principalmente en la idiotización mediática de grandes masas electorales”. Creo que también se ajusta a nuestra realidad, pero si sirve de consuelo, al parecer ha sido la tónica de los gobiernos de muchos países, no solo subdesarrollados, sino que de los otros también. En todas las épocas de nuestra historia hemos tenido algún ejemplar político que nos ha sorprendido por sus desatinos, pero estos últimos tres años han sido los más prolíferos. Entre el bingo del ministerio de educación, los cafés en los consultorios o madrugar para pagar menos en la locomoción colectiva están los desmadres de diputados, senadores, ministros varios y, por supuesto, nuestro gobernante. En este contexto, ¿quién en su sano juicio aceptaría entregarle más poderes aún a este concierto de penosas autoridades gubernamentales?
Este último año hemos vivido bajo la amenaza real y latente de una pandemia y la medida adoptada ha sido la cuarentena, entendida como el aislamiento físico del resto de la comunidad para evitar una mayor propagación del virus y el colapso hospitalario. En términos generales, no podemos negar que algo se ha conseguido, no hemos llegado a las cifras negras de nuestros vecinos y de países más desarrollados. Ahora, esta medida de salud pública se ha acompañado de un permanente estado de excepción constitucional, el de Catástrofe. Si bien nuestra actual Constitución así lo permite, ¿era necesario instaurarla? ¿Verdaderamente necesario? Tal vez en un principio, pero luego de un año vale la pena hacer una evaluación. Hay que tener presente que los “estados de excepción constitucional” son una especie de invento del siglo XX cuando se constata que cada vez que el Estado impone orden lo hace a través de la fuerza, abusando del poder y dejando una secuela negra de muertes, violaciones, secuestros, y un largo etc., por eso, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y obedeciendo la Carta de los Derechos Humanos, se establece que la suspensión o restricción del Estado de Derecho debe ajustarse a ciertos parámetros que protejan a los individuos de cualquier exceso público. Aunque parezca increíble, en Chile, los estados de excepción como los conocemos están definidos por primera vez en nuestra historia en la “Constitución de Pinochet”. Es decir, ellos definieron los límites del poder que nunca respetaron.
Decretar los estados de excepción implica respetar estos principios: 1) no pueden ser más de cuatro (numerus clausus): asamblea, emergencia, catástrofe y sitio; y 2) solo pueden declararse en las situaciones precisas que los hacen viables. Así, el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional puede decretar estado de Asamblea, en caso de guerra externa y de Emergencia, por grave alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional. El de Catástrofe, en situaciones de calamidad pública, y sólo es decisión del gobernante. Y en situaciones de guerra interna o conmoción interior, el Presidente de la República requiere el acuerdo del Congreso para declarar todo o parte del territorio nacional en estado de Sitio, el que se extenderá por quince días prorrogables. En todas estas situaciones lo que se restringe son los derechos de las personas como son el de reunión, la libertad personal, información y opinión, de trabajo, locomoción y propiedad. Lo interesante es que en ningún caso existe la obligación de alterar el Estado de Derecho, es decir, el gobernante tiene la facultad pero no el imperativo de declarar los estados de excepción constitucional, todo depende de su pericia política.
¡Aquí está la cuestión! Un gobierno que cuenta con un apoyo popular bajísimo, jamás antes visto; que ha dado muestra de mala gestión presupuestaria en momentos de crisis social y sanitaria; que no conversa con las organizaciones sociales y la oposición política; que descalifica permanentemente a todos quienes critican su gestión; que posee una “incontinencia” verbal increíble; y que abandona a intereses privados los derechos de los pueblos originarios, ¿merece que el Congreso lo autorice a declarar estado de Sitio en la Araucanía, teniendo presente, además, la cantidad de montajes policiales comprobados y denunciados en la zona? Claramente creo que la respuesta debiera ser un rotundo ¡No!
¿Cuál es la implicancia de establecer un estado de sitio en la Araucanía? Lo primero es considerar que se trata de controlar una situación político-social como si se tratara de una guerra interna, asumiendo que el “enemigo” es aquel que enarbola la causa indígena; luego se asume que existen al menos dos bandos en similares condiciones de enfrentamiento, lo que a todas luces no es así, no sólo porque no se ha identificado en realidad al “subversivo” sino porque el armamento de nuestras Fuerzas Armadas sigue siendo superior a cualquier grupo existente; por otro lado, a la ya difícil situación nacional derivada de la pandemia se agrega en esa zona un ambiente irreal de confrontación. Entonces, luego de vivir un año bajo estado de excepción en el que las manifestaciones callejeras no han terminado, la pandemia nos ha azotado duramente, la economía se mueve al son de China y EE.UU.,
¿nuestro gobierno pretende llevarnos al enfrentamiento fratricida sin medir las consecuencias de esto? En resumidas cuentas, ¿cuál ha sido el aporte de las restricciones a nuestras libertades individuales? La impericia política manifestada en estos tres años deja de manifiesto que no cualquiera puede gobernar y que no basta tener poder si se carece de autoridad. Esto me lleva a las siguientes interrogantes, ¿son realmente malos o están practicando y todavía pueden hacerlo aún peor? ¿es seguro entregarles más poder que el que hasta la fecha han detentado? ¿A quien culparán si se crea en la zona una guerrilla o algo similar? Señores, Fidel Castro ya murió y Nicolas Maduro no es inmortal. Lo único que me consuela es que después de este gobierno no puede haber otro peor….¿o sí?
Nuestro pueblo es aún obediente y respetuoso de la institucionalidad, somos un país relativamente fácil de gobernar, pero todo tiene un límite. Las autoridades son tan humanas como cualquiera pero tienen una responsabilidad mayor, a ellos les confiamos nuestro futuro y el de nuestros hijos y eso les otorga la obligación no de ser perfectos pero tener claro que deben tratar de serlo. Recuerden que no hay nada más peligroso que “un mono con navaja” ( perdón primos primates).
Por Nidia Araya M.
Profesora de Estado en Historia y Geografía. Licenciada en Educación en Historia y Geografía Universidad de Santiago de Chile.
Magíster en Administración y Gestión Educacional Universidad Mayor
(*) Las opiniones vertidas en esta columna no reflejan necesariamente la línea editorial de «La Vanguardia Chile»
