La Fiscalía de Chile y el Gobierno manifestaron hoy su total rechazo a las agresiones perpetradas ayer por un grupo de personas contra el fiscal Enrique Vásquez, durante el desarrollo de una audiencia en el Tribunal de Garantía de Collipulli. Por estos hechos, el Ministerio del Interior interpuso una querella para que se identifique a los responsables materiales e intelectuales.
Tras asistir al Consejo Nacional de Seguridad, el Fiscal Nacional (s), Pablo Gómez, subrayó la relevancia de fortalecer la seguridad de los fiscales: “Estos actos no pueden ni deben tolerarse. Rechazamos todo acto de violencia, contra cualquier persona, pero aquí se trata de un fiscal de la República, ejerciendo sus funciones, dentro de una audiencia judicial, por lo que demandaremos la adopción de todas las medidas de seguridad necesarias para impedir que otro fiscal se vea expuesto a estas amenazas y agresiones”, dijo Gómez.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, en tanto, manifestó que el gobierno “no va a permitir que se pase de la violencia verbal a la violencia física, como estos hechos lo demuestran”.
La agresión ocurrió durante la mañana del miércoles, luego de que el fiscal Vásquez comunicó en una audiencia pública la decisión de no perseverar en el procedimiento por el presunto secuestro y tormentos cometido en 2016 contra el comunero Víctor Queipul. Tras varias horas y cuando ya se desarrollaban otras audiencias, irrumpieron en la sala alrededor de 20 personas, quienes golpearon al fiscal y a los gendarmes presentes.
El Fiscal Nacional (s) aclaró, no obstante, que la víctima se negó a colaborar en la investigación: “En esta causa, la propia víctima que denunció respaldada por un abogado querellante, no prestó colaboración alguna en los meses que duró la investigación. El Ministerio Público tomó la decisión de no perseverar porque no tenía antecedentes suficientes para fundar una acusación”.
Gómez destacó, además que el Ministerio Público se preocupa permanentemente de la seguridad de sus fiscales y reveló que Vásquez, al igual que otros persecutores de La Araucanía, cuenta con un guardia encargado de su resguardar su integridad física.
Formalización de detenido
En medio de la agresión fue detenido en flagrancia José Curinao (27), quien fue formalizado hoy por el delito de atentado contra la autoridad, perturbar gravemente el orden de las audiencias y lesiones leves a un funcionario de Gendarmería. La Fiscalía solicitó medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional y pidió, además, una orden de detención en contra de nuevas personas identificadas, que habrían participado en los desmanes.
Proyecto de protección de fiscales
El Fiscal Nacional (s) explicó que en el Congreso se debate un proyecto de ley para establecer delitos especiales por agresión a Fiscales y Abogados Asistentes que desempeñen labores de Fiscales Subrogantes o Suplentes.
Entre otras materias, esta iniciativa plantea la incorporación de sanciones a quienes incurran en conductas de atentados y amenazas contra fiscales del Ministerio Público, además de modificar las leyes orgánicas de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, con el fin de incorporar normas expresas que establezcan el deber de protección de la seguridad personal de los fiscales, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones.
En ese proyecto están trabajando los fiscales regionales Metropolitano Sur, Raúl Guzmán; Biobío, Julio Contardo; y de Magallanes, Eugenio Campos.
“Hemos trabajado con Gendarmería que en las audiencias se pueda prestar la debida protección a todos los intervinientes y no sólo respecto de los jueces sino también a los fiscales que intervienen en las audiencias”, sostuvo Gómez.
Amnistía Internacional
El Fiscal Nacional (s) criticó, además, la acción ejercida por representantes de Amnistía Internacional, afirmando que “en un acto irresponsable comunicaron hechos imprecisos y con ello generaron cierta animadversión o cierto ambiente, que desemboco en estos actos que repudiamos”.
Agregó que la Fiscalía analizará la figura penal involucrada, ya que “es una preocupación institucional que personas que están llamadas a trabajar por los derechos humanos, entreguen información imprecisa, que genera ataques a autoridades del país.
DJ
