La llegada de los españoles al territorio que actualmente conforma la república de Chile sería la primera oleada migratoria de nuestra historia en el marco de la cultura occidental durante el período de los grandes descubrimientos geográficos. A pesar de las restricciones para los mismos españoles, a nuestro continente llegaron de modo temprano europeos de todas las regiones, situación que aumentó desde los primeros años de la república independiente. Las figuras de Lord Cochrane, Claudio Gay, Lorenzo Sazié, Raymond Monvoisin, Ignacio Domeyko, Pedro Pissis, son parte inherente de nuestra historia del siglo XIX, porque para el Estado chileno decimonónico “lo europeo” era parte del desarrollo y del progreso ilimitado, por ello es que no hubo nadie que se opusiera a la política de colonización del sur mediante la cual llegaron alemanes, suizos, franceses, belgas e ingleses desde 1840 en adelante. Bueno, nadie que no viviera en esos territorios porque a mapuches o selknam nadie les consultó y fueron ellos quienes resultaron desplazados.
El siglo XX no fue muy distinto. En sus inicios, la difusión del nacionalismo en Europa y los conflictos territoriales derivados de ello, sobre todo al interior de los Imperios Turco Otomano y Austro-Húngaro, movilizaron la población balcánica, siria, libanesa y palestina. Posteriormente, la guerra civil española (1936-1939) y las guerras mundiales serán el motor de nuevas oleadas migratorias de las que Chile no estuvo ajeno. Otro gran hito inmigratorio ocurrió a partir de la década de 1990 con el regreso de los gobiernos democráticos, atraídos por la bonanza económica que hablaba del “milagro chileno”, peruanos, bolivianos, argentinos, cubanos, entre otros, podrán disfrutar de un “asilo contra la opresión”. El proceso migratorio regional se agudizará a fines del siglo XX y principios del actual debido a dos grandes fenómenos: uno es el de la globalización y el otro, la crisis política y social de los países latinoamericanos. Para los centroamericanos el polo de atracción más importante es Estados Unidos, y para los sudamericanos Argentina, Brasil y Chile son sus mejores alternativas.
Los casos más emblemáticos para nuestra actual realidad son Haití y Venezuela. Las relaciones políticas con Haití se estrecharon en el marco de los acuerdos culturales y comerciales de los gobiernos de la Concertación y de nuestra participación en la Misión de Estabilización a la isla (MINUSTAH) con motivo de las manifestaciones y disturbios antigubernamentales en el año 2004, crisis acentuada por el terremoto que azotó a esa nación a principios del 2010 y que implicó la aplicación de políticas de corte humanitario en acuerdo a los múltiples tratados internacionales que nuestro país ha firmado. Con Venezuela la relación data del período de la independencia, cuando, Bolívar por el norte y O’Higgins por el sur, consiguieron expulsar a los españoles del continente americano. Pero los lazos más destacados se relacionan con la Misión Académica Chilena de 1936, conformada por destacados profesores nacionales de todos los niveles escolares para ayudar en la formación de sus pares venezolanos. Una especie de vuelta de mano a la labor realizada un siglo antes por el destacado académico Andrés Bello quien fundara y fuera el primer rector de la Universidad de Chile. Las sucesivas crisis políticas en la nación hermana nos han distanciado aunque no llegando al punto de romper relaciones diplomáticas, prueba de ello es que en 2019 el Presidente Sebastián Piñera en su polémica visita a Cúcuta, cuando soñaba con ser líder regional, solidarizó con la situación del pueblo venezolano, instándolos a venir a nuestro país a través de la VRD (Visa de Responsabilidad Democrática), una verdadera invitación, pero “con letra chica”.
Colchane, localidad ubicada en la provincia del Tamarugal en la región de Tarapacá, ha sido noticia en los últimos días debido a la gran cantidad de inmigrantes que están llegando provocando una clara situación de emergencia no sólo social sino que sanitaria y de la cual recién se han preocupado las autoridades centrales sólo por la arremetida comunicacional de su alcalde, Javier García Choque, pues viene sucediendo desde hace casi un año en esa localidad, a la que se pueden sumar varias otras en la frontera norte y noreste de nuestro país. Esta situación reviste una gravedad no evaluada en su magnitud por las autoridades nacionales, pues estamos frente no sólo a una crisis poblacional jamás antes vista en nuestra región sino también a la necesidad de proveer alimentos, vivienda, salud, educación y trabajo para todos los inmigrantes y su núcleo familiar, sin dejar de lado los mismos derechos de nuestros connacionales.
La actual Constitución Política, en el capítulo 1, señala que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y que el ejercicio de la soberanía “reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” siendo deber del Estado respetarlos y promoverlos en virtud del texto citado y los tratados internacionales vigentes, que a la sazón son nueve. Nuevamente nuestro gobierno más preocupado del impacto mediático que de lo ajustado a derecho procedió a la expulsión inmediata de lo que denominaron “inmigrantes ilegales” sin atenerse a la condición humanitaria reconocida por el propio Presidente Piñera en numerosos discursos de campaña y presidenciales, lo que unido al anuncio del Ministro del Exterior de que sólo se vacunarán aquellos extranjeros con su documentación al día, dan testimonio no sólo de su poca empatía con la población sino que de su total contravención a la legislación y Constitución que el propio Andrés Allamand tanto defendió.
Urge desarrollar una política migratoria que regule el ingreso y estadía de la población extranjera, esto evitaría por un lado, el abuso laboral al que son sometidos con sueldos por bajo el valor de mercado o a la contratación irregular, y, por otro, la xenofobia que se está implantando de modo artificial entre los chilenos a partir de la información mañosa que se difunde a través de los medios de comunicación, quienes destacan la participación de extranjeros en delitos de alta connotación social, refutados por el Centro de Estudios Públicos (CEP), entre otros, quienes señalan que “los inmigrantes corresponden solo al 2,36% de los imputados y solo al 2,57% de los condenados”, el resto son de la casa. Tampoco es real que los extranjeros ocupan vacantes escolares o servicios médicos reservados para chilenos pues no sólo los tienen asegurados desde el gobierno de Ricardo Lagos (2000- 2006), sino que están contemplados en los presupuestos de cada servicio público. Ahora, es verdad que a todos nos sorprende la cantidad de inmigrantes en nuestro país y el choque cultural que se produce porque no estamos acostumbrados a este fenómeno que nos invade debido al cambio climático, la pandemia y el modelo neoliberal. Y aunque el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, con motivo de la negativa del gobierno a firmar el acuerdo de Marrakech en el 2018, haya señalado que “la migración no es un derecho humano”, debemos considerar una política de inclusión y de inducción que nos permita disfrutar de la diversidad y el respeto. Ambas tan olvidadas desde la Dictadura en adelante.
No voy a hacer una apología de la migración venezolana o de cualquier otro origen, no al menos en esta oportunidad, sino más bien quiero hacer hincapié en el hecho humanitario en sí mismo. No hay ser humano en la actualidad que pueda decir que sus ancestros son originarios del lugar en el que vive pues nuestra propia especie surgió a miles de kilómetros de distancia de Chile, y los apellidos que nos engalanamos de destacar provienen de personas que escaparon del hambre, la pobreza, la guerra, la persecución política, religiosa, étnica, etc. Mayoritariamente, nadie se va de un hogar cálido a menos que éste no sea tal o que se vea forzado a abandonarlo. Si estamos contra la migración como fenómeno debiéramos partir por reconocer, entonces, que nosotros mismos no debiéramos de estar aquí. ¿No lo creen?
Por Nidia Araya M.
Profesora de Estado en Historia y Geografía. Licenciada en Educación en Historia y Geografía Universidad de Santiago de Chile.
Magíster en Administración y Gestión Educacional Universidad Mayor
(*) Las opiniones vertidas en esta columna no reflejan necesariamente la línea editorial de «La Vanguardia Chile»
