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La ministra del trabajo María José Zaldívar ha estado en el centro de la polémica desde que comenzó la Pandemia del Covid19 y la fracasada estrategia del gobierno en diseñar e implementar medidas para enfrentar una realidad que día a día se instala en miles de trabajadores chilenos: el despido de sus fuentes laboral o la suspensión de la relación laboral a consecuencia de un dictamen que emitió la Dirección del Trabajo el pasado 22 de marzo y que frente a la contingencia facultaba a las empresas a no pagar remuneraciones a los dependientes que se veían impedidos de prestar sus servicios laborales por existir una zona declarada en «Cuarentena» o con prohibición de funcionamiento como es el caso de restaurantes y otros establecimientos del mismo rubro.
Han transcurrido los días y aún no se implementa la cobertura del pago de seguro de desempleo por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), y la ministra no cumplió el compromiso que asumió en la Comisión Mixta que aprobó el proyecto de ley del gobierno que ya está vigente hace dos semanas.
Llama la atención que la oposición tampoco le exija a la secretaria de Estado un nuevo dictamen que deje sin efecto el que emitió la Directora del Trabajo, Camila Jordán Lapostol, el 22 de marzo pasado y que aún está vigente.
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