Un problema que se podría transformar en una situación incontrolable. Los miles de reclusos en los centros penitenciarios del país que están expuesta a contraer el temido Covid19. Fue así que La Moneda envió un proyecto de ley al Congreso para que se sustituya el saldo de penas por reclusión domiciliaria a más de 1300 reos de baja peligrosidad, favoreciendo a los mayores de 75 años; hombres entre 60 y 75 años; mujeres entre 55 y 75 años, y mujeres embarazadas que tuviesen hijos de menos de dos años de edad.
Pero en la discusión los sectores pinochetistas de la UDI y RN hicieron fracasar la iniciativa como represalia a que no se incluía a los presos condenados en el penal de Punta Peuco por delitos de lesa humanidad y violación a los derechos humanos.
La presión partió inicialmente por parte del defensor de los militares en el citado recinto penal, el abogado Raúl Meza, a la que se sumó el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, la senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe y todo el pinochetismo presente en la derecha.
Y en una sorpresa para el ministro de justicia, Hernán Larraín, cuando se votó el proyecto en la cámara de diputados se requería de 78 votos a favor, pero sólo se logró 73. Los 20 rechazos provinieron de parlamentarios de la UDI y RN, produciéndose una situación inédita y absurda ya que la ley no incluye sanciones a quienes incumplan con el beneficio al rechazarse por este sector de la derecha un articulo clave que permitía que Gendarmería controle el cumplimiento de los arrestos domiciliarios totales.
Incluso el oportunismo fue más allá y en una acción organizada por el senador RN Francisco Chahuán, la senadora Van Rysselberhe y el senado del mismo partido Juan Antonio Coloma, reunieron firmas para acudir al Tribunal Constitucional por la inconstitucional de la exclusión considerada en el proyecto de ley a los reos de Punta Peuco.
El documento pone de manifiesto que los reos de Penta Peuco -culpables de crímenes de lesa humanidad- padecen de enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y cardiopatía coronaria, lo cual acrecentaría aún más su condición de población de riesgo.
El gobierno quedó así en un verdadero «Jaque Mate» y ante una extorsión política impensada del pinochetismo. Si el Tribunal Constitucional, de clara mayoría de oficialismo y con integrantes cercanos al pinochetismo, acoge a trámite el requerimiento del abogado Maximiliano Murath -a quien contactó el senado de RN Francisco Chahuán- podría demorar en un mes la tramitación del proyecto sin poderse avanzar en resolver el problema del contagio carcelario. Así la estrategia es clara: los sectores duros de la UDI y RN ponen como condición de la iniciativa del gobierno la liberación de algunos criminales de lesa humanidad.
El jueves el ministro Larraín, debió ceder y anunció un veto aditivo, esto es un agregado al proyecto de ley, para las personas que accedan al beneficio regresen a las cárceles y excluir a quienes cumplen condena por Violencia Intrafamiliar.
A ello sumó una salida a lo pedido por el pinochetismo, dando máxima urgencia al proyecto presentado el 28 de diciembre de 2018 por el gobierno de Sebastián Piñera por el que busca que reos en tres casos específicos puedan conmutar sus penas de cárcel y terminar el cumplimiento de sus condenas en arresto domiciliario total.
Los beneficiados por esa iniciativa que dormía en el senado por un rechazo rotundo de la oposición son personas que hayan sido diagnosticadas con una enfermedad en fase terminal; que tengan un menoscabo físico grave e irrecuperable que provoque una dependencia severa; y que tengan 75 años o más de edad y que hubiesen cumplido, a lo menos, la mitad de la condena impuesta.
El diario «La Tercera» publicó a principios del año 2009 una nota en la que se indica que en total llegarían a ser 22 los reos de Punta Peuco -condenados por delitos de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos en la dictadura- que se verían beneficiados.
Van Rysselberghe: «No fueron autores materiales y hoy tienen enfermedades concomitantes»
Pero la propuesta del gobierno no fue aceptadaLa presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quien evidenció su molestia tras el anuncio de la presentación de un veto aditivo en el proyecto de ley de indulto conmutativo, y otorgar «máxima urgencia» a la discusión sobre la iniciativa de «Ley Humanitaria» de diciembre de 2018.
«Los anuncios hechos por el Gobierno a través del ministro Larraín son absolutamente insuficientes. El darle discusión inmediata a una ley que está hace 12 años durmiendo en el Congreso no es suficiente (sic)», indicó la senadora.
Añadió que «hoy tenemos una pandemia que ataca con fuerza y que aumenta la mortalidad en pacientes mayores de 70 años, y resulta que en Punta Peuco hay mucha gente mayor de 70 años que para la década del 70 estaban de turno, no tenían mando, no fueron autores materiales y que hoy tienen enfermedades concomitantes».
