Para muchos fue una sorpresa y no tuvo la cobertura que anteriormente se dio en los medios al nombramiento de Javiera Blanco como consejera del CDE. En entrevista concedida a La Tercera, Raúl Letelier Wartenberg, profesor de Derecho Administrativo de la U. de Chile, aprovechó de entregar sus definiciones.
En cuanto al límite en el ejercicio del cargo de consejero, Letelier señaló que «es cierto que se pueden buscar otras formas para garantizar esa independencia sin tener que asegurarle a esa persona un trabajo por demasiados años, porque claro… hasta los 75 es algo excesivo. Pero también hay que entender que la idea es que ese consejero no se transforme en el abogado del Presidente o el gobierno de turno, la gracia del CDE es que defiende al Estado, con independencia si el gobierno es de izquierda o de derecha. Defiende las atribuciones estatales, las prerrogativas del Estado. Custodia el patrimonio estatal con independencia de quién democráticamente ha sido elegido para distribuir ese dinero. Me parece que ocho años, como el fiscal nacional o el contralor».
Consultado por la crítica de que pese a la alta remuneración no es un trabajo exclusivo el de consejero, Letelier añadió que «esa crítica no la comparto. En muchos lugares del mundo es así, porque lo que se requiere es que el CDE capture a los mejores abogados de cada una de las plazas y eso supone que ellos van a seguir en sus asuntos, siempre y cuando eso no colisione con las obligaciones del Estado. Los problemas se originan cuando se está muy cerca de la litigación contra el Estado y con los intereses que los propios consejeros defienden en el CDE. En eso hay que tener cuidado».
Posición política
En la entrevista el nuevo consejero del CDE señaló: «Soy socialista. Juntos ayudamos a crear el Proyecto Puentes, un conjunto de grupos de profesores que estábamos a favor de la asamblea constituyente y de reconstruir la mejor tradición constitucional chilena de la Constitución del 25 y sus reformas. Hemos hecho acciones activistas en ese sentido, dentro de los cauces institucionales que tiene este país. Lo que queremos es tener una asamblea constituyente, modificar la Constitución».
Añadió que no va a dejar de emitir opiniones como ciudadano: «Aquí hay una mala comprensión de la participación en la política. En la política en el sentido no partidista. O sea, uno quiere que el país vaya en una dirección y no por el hecho de ser funcionario público uno debiese abstenerse de eso. La imagen errada de la ciudadanía, y de la política en general, incluso de los mismos políticos, es que por el hecho de ser un funcionario público uno va a privilegiar a la gente que piensa como uno y eso es lo más contrario a cualquiera de las ideas, de derecha o de izquierda, que sea más o menos coherente. Eso, privilegiar al otro, ¡se llama delito! Está fuera del ámbito de la política».
DJ
