Durante el mes de marzo el gobierno anunció un paquete único de medidas para enfrentar las dificultades económicas a raíz de la Pandemia Covid19. Eran más de 11.000 millones de dólares que estarían destinadados a proteger a las personas más vulnerables y a las pequeñas y medianas empresas.
Pero la iniciativa tiende a diluirse y ya parece ser un rotundo fracaso. Demostró algo que muchos especialistas venían cuestionado desde hace semanas: no existe una convergencia entre las medidas sanitarias y los planes económicos. Las cuarentenas -en una nueva improvisación de la autoridad- ahora serán dinámicas y al contrario de todos los pronósticos disminuirán a partir de hoy con Vitacura, Providencia, Lo Barnechea y la mitad de Santiago y Ñuñoa liberadas de restricciones y agregándose en la región metropolitana una parte de Puente Alto además de Temuco, Osorno y otras comunas del sur del país.
Así con estas zonas sin cuarentena no servirá de nada la ley publicada la semana pasada y que consagra la tan esperada suspensión de los contratos con cobertura del seguro de desempleo.
Ante el fracaso de la primera oferta del gobierno, surgió la otra medida incluida en la Ley: los pactos de reducción de jornadas pero ellos suponen que las empresas dispongan de sus trabajadores por lo menos por media jornada, a lo que se añade pagar las respectivas cotizaciones con el evidente problema de liquidez desde mediados de marzo.
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Las alarmas se encendieron y en el Ministerio de Hacienda se dieron cuenta que no habían hecho mucho para facilitar liquidez a las PYMES y que muchos empresarios -desde las micro a las grandes empresas- estaban aprovechando el Dictamen de la Dirección del Trabajo que permitía hacer firmar a los trabajadores una suspensión laboral por varios meses sin derecho a remuneraciones y sin acceso a la cobertura del seguro de desempleo ya que no todos están en zona de cuarentena o con actividades prohibidas -restaurantes, cines, etc.
Ya entrado abril muchos analistas y economista comienzan a converger en que el ministro Ignacio Briones había perdido todo marzo en ofrecer sólo algunos paliativos muy modestos como la ley de suspensión y reducción de jornadas, el modesto bono Covid19, postergar la declaración de IVA de los meses de abril, mayo y junio, adelantar en dos semanas la devolución de los impuestos y postergar el pago de los mismos para julio de este año.
De todos los sectores comenzaron las críticas a la gestión del ministro de hacienda, quien había caído en una lógica de mucho ruido y pocas luces. La idea de ayudar a un segmento más amplio que las PYMES fue avanzando en el oficialismo y también en la oposición. Así el PPD, el PS y el Partido Radical entregaron un documento que supone un esfuerzo mucho más consistente y una intervención más directa del Estado pero que por enésimas vez tuvo poca recepción.
Así el gobierno recién la semana pasada hizo anuncios que otra vez generaron cuestionamientos y dudas. Fueron el presidente Sebastián Piñera y el ministro Briones, quiénes el miércoles 8 y el domingo 12 anunciaron un fondo de 2.000 millones de dólares para resolver el problema de los trabajadores independientes y los informales. Eso sí sin una bajada y medidas concretas, algo que se hace una constante en la administración piñeristas.
La otra medida anunciada y en la que la autoridad pone todas sus fichas es el intento de que la banca coloque dinero a las empresas -ya no sólo las PYMES- quedando excluidas sólo las que tienen ventas por sobre un millón de unidades de fomento al año.
El gobierno fijó las reglas de los préstamos e incluso Piñera anunció tasa de interés cero, pero el hecho que los recursos destinados a las empresas que están en una situación muy compleja sin que les sirvan los instrumentos antes creados -suspensión de relación laboral y pactos de reducción de jornada- pasen por los bancos hacen surgir críticas de que las instituciones financieras no están obligadas a realizar los préstamos y es muy posible que mantengan las restricciones que se advirtieron en los últimos días con evaluaciones de riesgo que limitan el acceso a liquidez a las empresas.
Sin embargo, la debilidad de las medidas del gobierno está en la ayuda a las personas, ya que se ha privilegiado a las empresas y perdido tiempo valiosísimo en una improvisación que ya nadie desconoce. Los miles de chilenos que son independientes y trabajadores informales -que suman más de 3 millones de personas- están obligados a seguir exponiéndose a contraer el virus y con la actividad económica disminuida no ven más que los $50.000 que el gobierno ofreció con el Bono Covid19 sin saberse aún a mediados de abril quiénes serán los beneficiarios.
