Lamentable para un relevante sector del país ha sido la reacción del gobierno de Sebastián Piñera el trato privilegiado que le ha dado a sus simpatizantes detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) y formalizados por el delito de amenazas a la fiscal Ximena Chong.
Se trata de 8 personas de las cuales sólo una quedó en prisión preventiva por infracción a la Ley de Armas, quedando los otros 7 integrantes de la organización con firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y su familia.
A las impresentables palabras del subsecretario del interior que minimizó las armas con que contaban los imputados, denominándolas «utensilios», siendo que su discurso en casos similares es la imputación de «terrorismo», esta mañana el ministro del interior, Rodrigo Delgado, denunció amenazas a autoridades de gobierno sin precisar los afectados y el tenor de las mismas, las que estarían siendo investigadas por la policía.
Las declaraciones de Delgado son entendidas como una forma de generalizar las amenazas a todos los sectores y así minimizar al grupo armado denominado «La Vanguardia» (NdR: Ninguna vinculación con este medio) y seguidores del grupo terrorista «Patria y Libertad».
Los antecedentes de la investigación han demostrado hasta ahora que el grupo armado se reunía en las oficinas que conspicuos empresarios arrendaron para el comando del «Rechazo» en el reciente plebiscito y vinculados a la Unión Demócrata Independiente (UDI) y al partido republicado dirigido por el ex diputado José Antonio Kast.
