A través de un oficio de fiscalización, enviado hoy al Contralor de la República, Jorge Bermúdez, el jefe de la bancada de diputados DC, Gabriel Ascencio solicitó un pronunciamiento sobre el contrato a suma alzada de la pareja de la Ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar –el periodista Cristián Pino- , como asesor comunicacional en el gabinete.
Al respecto, el diputado DC señaló que “aprovechándose de una situación, se está desnaturalizando la naturaleza de los contratos en el servicio público; sólo para que él puede tener una tarjeta para ingresar a La Moneda o acompañar a la Ministra en un vehículo fiscal. Cuando se contrata a alguien en el servicio público es para servir a la comunidad, con claras metas y objetivos. Aquí, lo que se busca es resolver el problema de la Ministra que al parecer quiere tener un nidito de amor en La Moneda, eso no corresponde, es muy burdo, tanta torpeza de este Gobierno. Aunque sea por dos pesos, realmente es desnaturalizar lo que significa un contrato de servicios con el estado”.
El oficio señala que “ciertamente, a toda autoridad se le permite contar con un gabinete que sea de su confianza, y que además cumpla con estándares de profesionalidad y aptitudes necesarias para ejercer las funciones que les corresponden. En ese sentido, parece no ser comprensible la contratación de Christian Pino en la SEGEGOB, puesto que si bien sería de la entera confianza de la Sra. Ministra, es razonable tener dudas respecto a si la contratación considera mínimos razonables para que sea útil para la función pública, como la profesionalidad de quien prestará el servicio, ya que es la misma Ministra a quien le toca dilucidar su utilidad para el Gabinete. En otros casos, cabría la duda de si la contratación obedece a otro tipo de influencias. Por tal razón, el criterio que parece correcto debería ser el prohibir de plano la contratación en un servicio de personas relacionadas con la autoridad o jefatura a cargo del mismo, aun cuando la afectación al erario sea mínima, como se ha señalado en este caso.”
Por lo anterior, se pide fiscalizar y emitir un pronunciamiento, informando acerca de la legalidad y cumplimiento en los estándares de probidad y transparencia del respectivo contrato, fiscalizando además cuáles habrían sido los objetivos para su contratación, los presupuestos asignados y las tareas realizadas durante el período ya trabajado.
Además, se pide fiscalizar a quién autorizó la contratación de Christian Pino con el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y si dicho contrato, pasó por la fiscalización de Contraloría General de la República o algún órgano de fiscalización interno, para fines de haber verificado en su oportunidad el cumplimiento de la legalidad y estándares de probidad.
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