El Tribunal Constitucional ha sido un organismo objeto de numerosas críticas en los últimos años. Si bien cada sector político cuestiona tribunal dependiendo de sus intereses en particular, la tendencia ha sido marcadamente cercana a la derecha más aún por una mayoría conservadora y cercana al mundo empresarial.
Sobran los ejemplos de cómo el Tribunal Constitucional hizo suyos los requerimiento de la derecha: Ley que confería facultades sancionatorias al SERNAC, la Reforma Laboral en que dejó sin sustento la titularidad sindical en la negociación colectiva, la objeción de conciencia en el aborto en tres causales, entre otras.
Los reemplazos de ministros del tribunal se habían ido dando hacia en una mayoría claramente cercana a ChileVamos, siendo una de las ministras designadas en el año 2013 por el oficialismo la abogada María Luis Brahm.
Pero nadie imaginó en el cuestionado tribunal que después de seis años en su cargo Brahm se la jugara por la presidencia del Tribunal logrando los votos necesarios y así asumiera el 28 de agosto de 2019, destronando así al ministro Iván Aróstica de la presidencia, a pesar del apoyo del núcleo duro de la derecha en dicho tribunal: los ministros José Ignacio Vásquez y Juan José Romero.
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Los cambios comenzarían a notarse rápidamente, en especial las causas que estaban suspendidas y con años de retraso en el tribunal. El diario electrónico Pauta publicaba así el 28 de agosto de 2019 que «una de las primeras señales que buscará dar María Luisa Brahm como recién asumida presidenta del Tribunal Constitucional (TC) apuntan a las materias de derechos humanos: dejará disponible al público, en su página institucional, el avance de las causas de violaciones a los derechos humanos que estaban paralizadas mientras el pleno no se pronunciara. Además, de los pocos casos que quedan pendientes en esta materia -media docena, aproximadamente-, exigirá al TC que dicte sentencia en 30 días, con una prórroga máxima de dos semanas«.
La gestión de Aróstica estaba en la mira de abogados y organizaciones de derechos humanos. Así en su edición del 29 de julio del año pasado, «El mostrador» informaba que era algo habitual que la entidad suspendiera las causas que involucran a violadores de derechos humanos «por eso llama la atención que el cuestionado presidente haya sido asignado para la Primera Sala que encabeza la vista de un caso emblemático de los crímenes en dictadura. Se trata de una causa que involucra a Carmelo Soria, diplomático español torturado y asesinado por la DINA en julio de 1976. Este martes, el TC debe pronunciarse respecto a los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuestos por dos condenados por este caso, Juan Lepe Orellana y Sergio Cea Cienfuegos, quienes buscan la paralización de los procesos penales en la justicia antigua».
Pero fue en una entrevista a «La Tercera» del domingo pasado que la presidenta del tribunal, María Luisa Brahm, señaló que antes de que ella llegara a ese organismo había causas detenidas por mucho tiempo, al límite de la corrupción.
Las expresiones de Brahm fueron un misil para Aróstica: «Había causas detenidas en el TC por mucho tiempo y eso llevó a una situación que, yo diría, estuvo al límite de la corrupción… me tocó leer un contrato en que un abogado cobraba a su cliente por el tiempo que le tenía suspendida su causa en el TC«, indicó.
Todas las miradas se fueron directamente al ex presidente y aún ministro Iván Aróstica, ya que las causas que se suspendían eran las que ingresaban abogados que representan a procesados por crímenes de lesa humanidad en la dictadura militar.
Las declaraciones de Brahm fueron amplificando las dudas y cuestionamientos, por lo que este lunes la Fiscalía Nacional anunció que abrirá una investigación por eventuales hechos de corrupción en el Tribunal Constitucional luego de que la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, interpusiera una denuncia en que solicitó que se investigaran los delitos de prevaricación y cohecho por la dilatación de causas de derechos humanos.
En este sentido, la diputada Hertz pidió que se investigaran eventuales delitos de prevaricación «en tanto se habrían retrasado maliciosamente determinadas causas, en particular, recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en procesos por violaciones a los derechos humanos», y de cohecho porque en sus dichos Brahm hace referencia a la «existencia de un negocio que reportaría beneficios económicos a litigantes que cobran expresamente por la dilación de causas”, sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal.
“He denunciado ante la Fiscalía Nacional la necesidad de que se abra una investigación con los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, de los miembros del TC que componían ese tribunal cuando las causas se dilataron por meses y meses”, sostuvo Hertz a «La Tercera».
Durante la tarde de este lunes, el fiscal Nacional, Jorge Abbott, acusó recibo de la denuncia y a través de una comunicación al abogado de Hertz informó que se abrirá la investigación respectiva. Ésta recaerá en el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, debido a que la sede del tribunal está ubicada en el centro de Santiago.
Los vínculos de Aróstica con el «mundo militar»
Iván Aróstica siempre ha estado vinculado al mundo militar. En el período de la dictadura militar entre 1984 y 1995 trabajó como fiscal de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y también ejerció como director subrogante.
Su afición por las instituciones armadas se manifestó un un libro de su autoría: “Por los cuchillos de Chile. El corvo”, publicado el año 2002, texto inscrito en la categoría de “literatura militar” en la Biblioteca Nacional,
Su cercanía con la derecha quedó en evidencia al asumir en el primer gobierno de Sebastián Piñera como jefe de la división jurídica del Ministerio de Interior, cargo desde el cual el mismo mandatario lo designó como ministro del Tribunal Constitucional.
