La Fiscalía de Chile junto a sus pares de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú, miembros del MERCOSUR, rechazó hoy los hostigamientos, persecución y amenazas que puedan estar afectando a la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz y sus familiares.
A través de una declaración pública el conglomerado llamó a respetar la autonomía e independencia del ministerio Público en ese país, a fin de garantizar las investigaciones y persecución penal.
El Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, en ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de la Reunión especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM), conjuntamente con los Ministerios Públicos de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú, teniendo en cuenta lo manifestado en la XXI REMPM celebrada en Buenos Aires el 16 de junio de 2017, han evaluado la situación que atraviesa el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela a raíz de los últimos acontecimientos y han resuelto efectuar el siguiente pronunciamiento.
En primer lugar, consideran imperioso que se respete la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano en el legítimo ejercicio de sus funciones, la cual se ve puesta en riesgo como consecuencia de la interferencia de otros poderes públicos, manifestada a través de presiones de variada naturaleza y actos intimidatorios que finalmente dificultan o impiden la investigación y persecución penal de hechos constitutivos de delito ocurridos en dicho país.
Del mismo modo, rechazan cualquier acto de hostigamiento, persecución y amenaza que puedan poner en riesgo la integridad personal de la Fiscal General de la República y de sus familiares, así como de los funcionarios que integran el Ministerio Público venezolano, obstaculizando con ello el normal desempeño de sus funciones para velar por los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.
Por último, los Ministerios Públicos antes mencionados rechazan cualquier pretensión de remoción de la Dra. Luisa Ortega Díaz del cargo de Fiscal General de la República por fuera de los canales legales y constitucionales y, en su caso, exhortan a que su derecho a la defensa sea debidamente reconocido y pueda ser ejercido adecuadamente.
DJ
