En el mundo sindical se cuestiona que el subsecretario del trabajo, Fernando Arab, haya aprovechado la coyuntura de la Pandemia del Covid19 y por ello haya ido más allá de la legalidad en favorecer a sus ex clientes: los grupos empresariales. La crítica también alcanza a la Directora Nacional del Trabajo (S), Camila Jordán Lapostol, de la misma sensibilidad política y cercana del subsecretario.
Arab es hijo de la histórica ex militante de la UDI -hoy en Partido Republicano de José Antoni Kast- Susana Verdugo.
Conocido es en el ambiente de los abogados laboralistas que Arab durante años se desempeño en el prestigioso Estudio «Morales & Besa», defendiendo a grandes corporaciones en el plano laboral y llevando litigios en contra de trabajadores y organizaciones sindicales. Asimismo, que ha sido profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Católica -vinculada históricamente a la UDI- donde conoció a la actual directora del trabajo, Camila Jordán, quien cursó el Magister en Derecho del Trabajo en dicha casa de estudios.
Y es en dicho contexto que entre Arab y Jordán redactaron el polémico dictamen que faculta a los empleadores a dejar de pagar remuneraciones en caso de cuarentena u otra causal y que encendió el debate en el Congreso Nacional, mientras se tramitaba la ley que permitirá a los trabajadores con suspensión o reducción de su jornada financiar sólo una parte de sus remuneraciones. Cabe añadir que la ministra del trabajo, María José Zaldívar, se comprometió a dejar sin efecto dicho dictamen lo que aún no ha ocurrido.
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Pero Arab y Jordán han ido más allá y ahora son centro de críticas desde la oposición y las organizaciones sindicales, ya que vulnerando el texto del artículo 177 del Código del Trabajo que señala que «el finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por escrito», facilitaron los despidos en las últimas semana al implementar el denominado «finiquito electrónico», a través del Portal de la Dirección del Trabajo.
Arab ante el cuestionamiento de diputados de oposición se defiende indica que «a la fecha se han celebrado más de 2.800 finiquitos en el portal de la Dirección del Trabajo y que no hay ninguno que haya sido impugnado judicialmente».
