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Un importante paso dio el proyecto, en segundo trámite, que entrega mayores fortalezas al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), luego que la Comisión de Constitución concluyera el despacho en particular de la iniciativa que modifica la ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, (Boletín N° 9369-03).
Así lo destacaron los senadores Felipe Harboe y Hernán Larraín, presidente e integrante de la instancia, respectivamente. No obstante, el senador Larraín hizo presente algunas dudas sobre las facultades jurisdiccionales que se le entregan a una autoridad administrativa, según este proyecto, lo que podría incidir en dudas de constitucionalidad.
La iniciativa que será analizada ahora -en los temas de su competencia- por la Comisión de Hacienda, tiene como objetivo entregar una defensa y protección más moderna, ágil y eficiente a los consumidores, a través de modificaciones que permitan resolver los conflictos en plazos razonables y que permita mayores certezas al mercado.
El senador Felipe Harboe, afirmó que se trata de un proyecto que “beneficiará a los consumidores. Vamos a tener un Sernac más musculoso ágil y también con más facultades y, por otro, el régimen de sanciones va a evitar que muchos proveedores incorporen dentro del negocio las multas y va a ser más caro perjudicar a los consumidores”.
Puntualizó que “se produjo una discusión constitucional, pero a mi juicio las normas de hoy son constitucionales. De hecho esas facultades las tiene la Dirección del Trabajo, Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos o la Superintendencia de Valores y Seguros”.
Por lo mismo, el parlamentario señaló que “se trata de normas de quórum” y aseguró que “no hay vicios de inconstitucionalidad y lo que uno ve es que es necesario que las empresas entiendan que los consumidores tienen derechos y se requiere una relación más equilibrada”.
Por su parte, el senador Hernán Larraín, valoró la iniciativa pues se ha hecho un trabajo para fortalecer al Director del Sernac para que tenga atribuciones para defender a los consumidores. Sin embargo, en algunas materias las atribuciones son excesivas y no le corresponden a un director de servicio público”.
Precisó que “el hecho que pueda dictar normas interpretativas o regule normas zanjadas por ley me parece que interfiere en temas que no le son propios, así como se le permitiría calificar situaciones jurídicas que son exclusivas de los jueces y que requieren de debido proceso”. Por estas razones, “hicimos reservas de constitucionalidad”.
A su vez el ministro de Economía, consideró que “el proyecto cumple con todos los estándares constitucionales y resguarda los derechos de los consumidores, además de generar una institucionalidad que da garantías a todos pero reconociendo un balance entre consumidores”.
Fuente: Senado
