El país hace meses se encuentra en estado de emergencia con toque de queda y militares en la calle. La Pandemia del Covid19 ha implicado duras restricciones de circulación y los medios de comunicación masivos, siguiendo la pauta del gobierno de Sebastián Piñera, han seguido a policías y efectivos del ejército en horas de toque de queda para mostrar a los «irresponsables» que ponen en riesgo la salud de la población y desafían a la autoridad. Lo mismo respecto de aquellas actividades prohibidas en las zonas en que rige la fase 1 de Cuarentena, con imágenes de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la siempre dispuesta subsecretaria de prevención del delito, Katherine Martorell cerrando moteles con las cámaras de televisión presente.
Esta jornada en pleno toque de queda llamó la atención la «coordinación» entre camioneros y carabineros para que los camiones comenzaran a bloquear una pista de las rutas 68, 78 y 5 Sur, para luego impedir la circulación de otros vehículos de carga con amenazas explícitas y publicadas en redes sociales a los choferes que no se plegaron a la movilización.
Ningún detenido y lo más curioso sin la presencia de autoridades fiscalizando. De la subsecretaria Martorell no se supo en la jornada y la ministra de transportes, Gloria Hutt, dando una respuesta insólita: se trata de un conflicto que no es sectorial. Más torpe fue la declaración del subsecretario del interior Juan Francisco Galli quien señaló que «los que interrumpen el abastecimiento no son los camioneros».
El ministro del interior, Víctor Pérez Varela, apareció esta tarde ante los medios a defender el paro que organizó la Confederación de Transporte de Carga dirigida por el dirigente de derecha Sergio Pérez y el militante UDI y ex candidato al senado por dicho partido, José Villagrán, dando a entender que el gobierno no impondrá la ley y esperará el avance de las negociaciones cuyo contenido y objetivo se desconocen. Incluso, el ministro del interior y los camioneros fueron más allá en cuanto a «asegurar» que el paro va por lo menos hasta el lunes.
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El apoyo explícito a la movilización implica no sólo adherir a una medida de fuerza de parte de un sector político de los transportistas que tienen militancia en los partidos de gobierno sino en hacerse partícipe de delitos que están tipificados en la Ley de Seguridad del Estado y en la última reforma al Código Penal a raíz de la práctica cuestionada en el estallido social del «Quien Baila Pasa», que llevó al mismo gobierno de Sebastián Piñera en presentar un proyecto que el Congreso Nacional aprobó y que sanciona con presidio menor en su grado mínimo a quienes interpongan vehículos en la vía pública en término de hacer imposible la circulación de otros.
Los delitos son flagrantes y carabineros se ha apostado en las rutas 68, 78 y 5 sur a «proteger» a los camioneros que impiden la circulación de sus colegas que no se han plegado al paro.
REACCIÓN EN LA OPOSICIÓN
La oposición reaccionó a lo que se entiende una forma de presión indebida del gobierno y los camioneros para que se apure la tramitación de la Agenda legislativa de Piñera sobre seguridad y que le concede amplias atribuciones a los militares y carabineros en el control del orden público. Así el paro ya se ve instaló como una estrategia organizada desde los sectores más duros de la derecha para generar un ambiente complejo ante el plebiscito constitucional y amedrentar al Congreso Nacional mediante la amenaza del desabastecimiento de la población.
Fue el senador PPD, Felipe Harboe, quien señaló que «me parece francamente inconcebible que el Gobierno mire para el techo al momento en que Chile se encuentra amenazado por un grupo de camioneros. Forzar al Estado a tomar decisiones sobre la base de la amenaza, el chantaje, el corte de ruta, me parece que no es el camino para una democracia sólida”.
El legislador hizo un llamado al gobierno: «Espero que el Presidente de la República adopte las medidas porque él es -finalmente- el encargado de mantener la seguridad y el libre tránsito».
LA POLITIZACIÓN DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO
Otro gremio claramente politizado se sumó a la petición de aprobación exprés de las leyes que pretende el gobierno de Piñera. Así esta tarde la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), dirigida por el militante UDI Manuel Melero -hermano del diputado histórico del mismo partido- emitió un comunicado adhiriendo a las demandas de los camioneros.
Indicó que «ante los cada vez más graves y persistentes hechos de violencia en la región de La Araucanía, como CNC hacemos un llamado a todos los líderes políticos y sociales a condenar sin matices estos actos».
«Solicitamos al Poder Legislativo que apruebe de manera urgente los diversos proyectos de ley que tienen por objeto combatir la violencia«, añadió.
Concluyó indicando que «adhieren a la solicitud de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile: es esencial promulgar leyes pendientes en el Congreso Nacional, como es el caso de la modernización de las policías, el fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado y la actualización de la Ley Antiterrorista«.
