Cuando el gobierno de Sebastián Piñera llegó al poder el año 2018 una de las primeras propuestas fue bajarle los impuestos a los más ricos. Ello bajo la lógica de que al rebajarse la carga impositiva a quienes concentran la riqueza del país se genera un verdadero «incentivo» para reinvertir dicho dinero en la economía, premiando a los «semi dioses» que hacen surgir al país.
El «Estallido Social» tiró por la borda la propuesta gubernamental, con la salida del ortodoxo ministro de hacienda de aquella época, Felipe Larraín, llegándose a una reforma tributaria que benefició a las Pymes y que, a las grandes empresas, les mantuvo su carga que según comparación con el resto de países de la OCDE es aún muy baja.
Al aprobarse esta tarde el proyecto del retiro del 10% el gobierno celebró su iniciativa y en una dramatización de ética, de la que carece el ejecutivo, indicó que se hizo «lo correcto» al quedar los chilenos gravados con impuestos por el retiro de «su dinero» en los fondos de pensiones.
Así $3.000 mensuales pagará un cotizante que tiene una renta de $700.000 mensuales y haga el retiro de $1.000.000. Sólo $40.000 dijo el ministro de hacienda Ignacio Briones y la insistencia de la distante ministra del trabajo, María José Zaldívar, preocupada ya no de que los chilenos hagan con su dinero sino de imponer la carga tributaria a quienes hagan uso del mecanismo.
La élite empresarial que gobierna el país olvida las ventajas que tiene en el actual sistema tributario, ya que la evasión del IVA a través del uso de facturas por parte de los dueños de las empresas en sus gastos personales es algo frecuente y el Servicio de Impuestos Internos (SII) hace la vista gorda. Un ejemplo de ellos fue una de las aristas del caso Penta, en el que el IVA que se pagó por la compra de vehículos de lujo para el uso de las esposas de los multimillonarios Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano se rebajó como gasto por la empresa, algo muy burdo y que las conspicuas cónyuges tuvieron que resolver administrativamente por el «trato preferencial» que les dio el SII, en esa época a cargo de un militante del Partido Socialista: Michel Jorrat.
Otros casos han sido obscenos. Las condonaciones a la misma empresa Penta por los millonarios honorarios de los abogados que, además, defendieron a los condenados Lavín y Délano, sin preocuparte el SII de indagar si ese dinero que se redujo de la base afecta de la empresa Penta fue pagado para asumir la defensa de los dueños.
Otras condonaciones se han dado a favor de las empresas del retail y por montos millonarios, en una generosa actitud del SII.
Así las cosas, en el ámbito de la élite empresarial el tema de los impuestos es una piedra en el zapato, con abogados que hacen lo que sea para rebajar su carga con estructuras elusivas que son toleradas y que, luego, aparecen en los medios de comunicación de propiedad de los mismos grupos económicos a los que asesoran, como «expertos independientes» defendiendo las triquiñuelas que diseñan para rebajar la carga tributaria de sus mandantes.
Para el gobierno y sus ministros lo importante es dar la señal de que los impuestos deben pagarse. Claro que para el resto de los chilenos ya que ellos con sus privilegios siempre se ven favorecidos.
