El cogobierno de la CPC

Durante esta jornada se conoció del aporte de 34 mil millones de pesos para enfrentar la pandemia del Covid19. Pero más allá del hecho noticioso consistente en una suma de dinero que los grandes empresarios ponen a disposición del gobierno, dicha operación es parte de un proceso gradual de intervención del sector empresarial entrando derechamente a tomar decisiones que son propias de la autoridad.

Así la CPC, a través de su presidente, Juan Sutil, ha estado presente en todo momento en las decisiones de la autoridad fijando reglas y condiciones, al punto que el líder de los empresarios se ve como un ministro más de la administración Piñera, en puntos de prensa junto a la ministra del trabajo y la ministra de transporte, fijando la pauta en cuanto al inicio de las jornadas de trabajo a quienes deben seguir prestando servicios siendo que ello es resorte del Ejecutivo en el estado de catástrofe.

Llama la atención incluso que respecto de los 34 mil millones de dólares, el líder de los grandes empresarios pauteó al gobierno del destino de los fondos, indicando que en ello trabaja en forma conjunta con el ministro de salud, Jaime Mañalich, para orientar los fondos que donarían.

Otra muestra de la llegada de Sutil y la CPC al círculo de toma de decisiones del gobierno se dio el martes 24 en entrevista a Radio BíoBío, en la que Juan Sutil argumentó que la cuarentena no debía decretarse y mantener el funcionamiento de la economía, como asimismo cuándo los bancos debían renegociar las cuotas de los créditos hipotecarios y de consumo con sus clientes. Además, cuestionó las decisiones de los alcaldes al punto de indicar que «las municipalidades no generan un peso para el país».

En CNN, en una entrevista muy pauteada en la noche del miércoles 25, Sutil insistió en otro tema de interés de los grupos empresariales, indicando que ya se ha ido acordando con el gobierno en el apoyo a la aerolínea LAN, fijando la política que debería seguirse al respecto. Incluso, sugirió el aporte del Estado a la compañía sin nacionalización de por medio, manteniéndose en poder de sus actuales dueños.