Que sectores mayoritarios de la derecha son fieles partidarios de la dictadura militar no es ninguna novedad. Muchos eso sí lo ocultan o evaden el tema para evitar ser puestos en escena por la oposición y ser tratados de «cómplices pasivos», expresión que Sebastián Piñera acuñó en su primer gobierno.
Pero la idea de conmutar penas a reos de baja peligrosidad ha sido utiliza por la derecha para aprovechar la oportunidad y lograr la liberación de parte de los condenados por delitos de «lesa humanidad». Primero fueron senadores bajo el alero del senador RN, Francisco Chahuán, y luego un grupo de diputados de la UDI encabezados por la icónica parlamentaria María José Hoffmann, quienes fueron al Tribunal Constitucional en una muestra de rebeldía al gobierno y así insistir en la liberación de algunos de los militares que cumplen condena en el penal ubicado en la comuna de Til-Til.
El gesto de este sector de la derecha es evidente: intentar salvar a algunos de los condenados por crímenes en dictadura y así seguir en su escalada de tratar de negar la historia y las violaciones a los derechos humanos, esos mismos que ahora invocan para liberar a uniformados que cumplen condenas mayores de 75 años y algunos de ellos con graves enfermedades.
Pero anoche el Tribunal Constitucional en una sentencia de 7 votos a 3 rechazó el requerimiento de Chahuán y los demás senadores, por lo que esta mañana los diputados UDI decidieron retirar el requerimiento que ellos presentaron ayer. En su lugar, adelantó el diputado UDI Sergio Bobadilla, «presentarán un proyecto de reforma constitucional para que los mayores de 75 años con enfermedades cronicas y graves puedan conmutar su saldo de pena por reclusión domiciliaria total».
Así el proyecto de ley que había quedado detenido por los requerimientos de Chahuán y Hoffmann quedará en condiciones de ser promulgado por el presidente de la república, no obstante se perdieron días valiosísimos para los beneficiados por el alarde del pinochetismo en intentar utilizar la contingencia en su búsqueda de liberar a algunos militares presos en el citado penal.
Una vez en vigencia, la población penal perteneciente a grupos de riesgo (mayores de 75 años, mujeres embarazadas y con hijos menores de dos años) que no hayan cometido delitos de mayor connotación (como asociación ilícita por narcotráfico, infracciones a la ley de control de armas, violencia intrafamiliar y violaciones a los DDHH) podrá completar sus penas en arresto domiciliario total, a fin de reducir el hacinamiento en las prisiones del país y prevenir que se conviertan en focos de contagio de la pandemia de Covid-19.
En total, serán cerca de 1.300 los internos -de población de riesgo- que podrán acceder a este beneficio de arresto domiciliario.
¿Indultos particulares?
Surgió en el ámbito de los derechos humanos la duda de si la decisión de Hoffmann de desistirse del requerimiento implica una negociación con el gobierno para que se conceda un indulto a algunos condenados por delitos de lesa humanidad por la vía de un decreto del presidente Piñera.
Incluso el ex presidente, Ricardo Lagos, se refirió a la iniciativa en entrevista con T13 y se mostró a favor de esta idea respecto a los presos con enfermedades terminales, indicando que «es muy duro, porque los procesados por causas de Derechos Humanos son delitos muy serios, pero quiero ser magnánimo, no haría la distinción».
Ante la posibilidad de que se concreten los indultos, la ONG Londres 38 salió al paso de «las falsedades de Punta Peuco» y las condiciones que enfrentan los reos rematados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, difundiendo el siguiente video.
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