Un 78% de chilenos desaprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera. Tal vez en ese guarismo hay muchos que ya no quieren ver a diario la figura del mandatario, quien se empecina en hacerle la vida más difícil a los millones de compatriotas que están desempleados y pasando momentos difíciles debido a su pésima gestión plagada de desaciertos y aberraciones que sólo un gobierno sostenido por la élite económica y los medios de comunicación afines se da el lujo de mantenerse en el poder en un mundo cada vez más convulsionado.
La arrogancia, la prepotencia, el trato despectivo, el clasismo, el desprecio y la violencia verbal es lo que ha caracterizado a Piñera y su sector hacia gran parte del país. Los «winners» que fueron elegidos el año 2017 porque ofrecieron dinero a cambio del voto de quienes estaban agotados de una centro izquierda desordenada y confusa no cumplieron su promesa. Peor aún, llegados al gobierno instalaron la idea de beneficiar a la élite económica a la que pertenecen, tratando de bajarle los impuestos a los super ricos y destruir las pocas políticas públicas que habían significado un avance en el país, como la reforma educacional que puso término en parte al escandaloso «lucro indebido» en el sector.
La prepotencia fue tal que antes de cumplir dos años de gobierno, Piñera preocupado más de Venezuela que de su propio país, vio venir -aunque lo niegue- el peor estallido social del que se tenga memoria. La reacción de todos es ya conocida: declaró la guerra a los chilenos que se manifestaban y construyó en un lógica demencial una teoría conspirativa de un «enemigo poderoso e implacable», que nunca se supo quién era.
Represión, tortura, abusos policiales y militarización vimos desde octubre de 2019 con un gobierno que en vez de escuchar el clamor mayoritario se limitó a usar la violación sistemática de los derechos humanos, sin distinguir en las calles a las manifestaciones pacíficas y legítimas del lumpen que se infiltraba en éstas.
El acuerdo de noviembre 2019 significó un plebiscito constituyente que el gobierno tuvo que aceptar a pesar de que intentó por todos los medios evitarlo, utilizando la vieja y conocida «Campaña del Terror». Pero a Piñera -hombre de fortuna en todos los sentidos de la expresión- el Covid19 le vino dar una mano para contener el rechazo a su persona y su gobierno ya en el suelo.
Era la oportunidad para un gobierno que contaba con recursos y medios fiscales -a diferencia de otros de la región- para enfrentar la Pandemia. Pero Piñera fiel a su estilo hizo todo mal. Su ministro de salud se transformó en un provocador de cuanto argumento científico se planteara y adoptó con acuerdo del mandatario -según las propias palabra de Jaime Mañalich- la irresponsable estrategia de la «inmunidad de rebaño», con la idea absurda de que los ventiladores mecánicos que los empresarios adquirían en el «mercado negro mundial» serían suficientes para enfrentar la Pandemia.
Chile hoy ocupa uno de los primeros lugares del mundo en letalidad del virus Covid19. Jaime Mañalich salió supuestamente del liderazgo del ministerio de salud, pero su sucesor no ha sido más que un títere en las presentaciones diarias y anuncios, por lo que muchos creen que aún el ex ministro es quien está detrás de las decisiones.
La Pandemia implicó que el gobierno implementara un escuálido plan de ayuda social, incluido un polémico bono de $500.000 para la clase media -el bolsón de votos que tuvo en la elección de 2017- por única vez que, posteriormente, ha significado la persecución a quienes según el ejecutivo habrían alterado sus datos para obtenerlo, aun cuando existe evidencia que los casos fueron aislados. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los sectores populares incluyó la temida «letra chica» que excluyó a cientos de miles de beneficiarios lo que hizo que hasta aún las «ollas comunes» sean una realidad en las poblaciones del país.
La negativa al primer retiro del 10% de los fondos de pensiones que al final implicó que el gobierno tuvo que aceptarlo, debido a que parlamentarios de su sector votaron a favor, dejó abierta la puerta a un rol más activo del Congreso en tratar de resolver las urgencias de la población, lo que ha sido denominado por el régimen de Piñera y los medios de comunicación de propiedad de los grupos económicos como «Parlamentarismo de Facto» y «Populismo».
La situación económica de miles de familias está muy complicada y el segundo retiro del 10% era una opción. Ya no hay IFE ni ninguna ayuda de parte del gobierno. El cuasi ministro del gobierno de Piñera, el poderoso empresario Juan Sutil, se dio el lujo ayer de decir que los chilenos eran flojos y no querían trabajar por las ayudas estatales, mínimas por cierto, que se dieron en los meses de invierno… La estrategia de la autoridades es dar ayuda a las empresas y no a las familias.
Ahora es el Tribunal Constitucional, entidad controlada -al igual como ocurre en los regímenes dictatoriales como el venezolano- por el gobierno de turno con una sobre representación inaceptable en una régimen democrático, el que negará la ayuda del 10% y hará que el proyecto propio que envió el gobierno, con restricciones y «letra chica», sea la única opción para los que puedan alcanzar a acceder a parte de «su propio dinero» para salir de la crisis.
Los dieciséis meses que quedan serán una tortura para los chilenos. El gobierno está empeñado en gobernar para la élite a la que representa y una minoría -22% del Rechazo- y seguirá en la lógica de abandono del país al que dejará en una situación que aún es imprevisible.
