Los masivos despidos en el sector público eran la crónica de una muerte anunciada. El matiz de diferencia a otros procesos es que, esta vez, la cantidad de “sobres azules” fue mayor de lo que se creía. Muchos funcionarios públicos abnegados y responsables creyeron que haciendo bien su trabajo se les renovarían sus contratos, tal cual se había hecho en años anteriores, pero lamentablemente todos los últimos gobiernos, con más o menos diferencias, han considerado al Estado como una especie de botín de guerra, por tanto, los partidos ven esto como una posibilidad de poner a gente de sus filas en las distintas áreas del extenso aparato público.
Lo lamentable es que, en definitiva, en el aparataje del Estado la carrera funcionaria es prácticamente nula, ya que la estabilidad laboral la tienen sólo aquellos trabajadores de Planta (que son muy pocos). Distinta es la situación para los Contrata y Honorarios, quienes trabajan sólo “hasta que sus servicios sean necesarios”. Es decir, los echan y se van con lo puesto, con suerte un gracias por los servicios prestados.
Cuando partió el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet en 2014, por primera vez, los despedidos judicializaron sus casos. El resultado; mayoritariamente los tribunales laborales acogieron las demandas contra el Fisco y se lograron algunas indemnizaciones para los demandantes. Además, se logró probar que en cada caso se trataba de una relación laboral, es decir, existía vínculo de subordinación y dependencia. En otras palabras, los funcionarios a Contrata y Honorarios cumplían horario, participaban en el esfuerzo colectivo del cumplimiento de metas y – lo más importante – atendían a los miles de usuarios que requieren las distintas prestaciones del Estado.
Por lo anterior, el consejo de presidentes y delegados de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en respuesta a los despidos masivos y discrecionales en ministerios y servicios del Estado, además de la vulneración de acuerdos tomados con los ministros Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg, llamó a un paro nacional para este jueves 6 de diciembre y la realización de manifestaciones públicas en que se interpele a las autoridades de gobierno por estas medidas, con la intención de defender las fuentes laborales.
“Entendemos que esta una respuesta que da continuidad plena a nuestra lucha por la estabilidad laboral y por terminar con la razzia que desde marzo a la fecha se ha venido desarrollando desde el gobierno del Presidente Piñera. Hasta octubre de esta año nuestra organización denunció el despido arbitrario, ilegal de más de 2.700 trabajadores y trabajadoras del Estado y durante las últimas dos semanas esa cifra se incrementó en 2.000 despidos adicionales que para agravar la situación vienen a contravenir los acuerdos alcanzados con el gobierno recientemente”, dijo Carlos Insulza, presidente de la ANEF.
Según el dirigente, con los despidos se “está poniendo en riesgo la continuidad del servicio público por estas medidas arbitrarias e ilegales del gobierno de turno”.
Alta Traición
Por su parte, el senador Alejandro Navarro calificó de “alta traición” la actitud del gobierno porque según manifestó, “esperó llegar a un acuerdo con el Presupuesto 2019 y ahora luego de haberlo hecho con la oposición, que tiene mayoría en el Senado, que podría haber establecido un bloqueo del presupuesto, horas después, con Felipe Larraín comienza una ola de despidos y de presiones para lograr la salida de funcionarios que venían cumpliendo funciones durante 10, 15 o más años. Esto, no solo crea un problema de continuidad en la exigencia de los servicios, sino que le instala en el gobierno del Presidente Piñera un elemento, que yo espero la oposición asuma, y es que estamos frente a un gobierno que persigue a los funcionarios públicos, a pesar de que Piñera ha dicho mil veces que él es hijo de un funcionario público, sin embargo, los ha tratado de manera injusta, despectiva y brutal”.
También dijo que “espero que haya una reacción, yo al menos, dentro de la bancada progresista e independientes espero que tengan un pronunciamiento y creo que la lección se aprende una sola vez. Conozco casos en la Región del BíoBío en los servicios de Salud, en el Serviu, Indap, Fosis, Sence en donde se ha presionado a los funcionarios trasladándolos a zonas remotas, pidiéndoles y amenazándolos con rebajas de grados, para forzar una renuncia. No es solo el término de contrato sino que quienes están también de planta los están presionando”.
Navarro aseguró que “aquí debe haber un zafarrancho en la oposición que todavía no existe, que puede ser este un elemento motivador por cuanto está claro que si no hay defensa de estos funcionarios por la decisión del gobierno, esta oposición cuando se dé cuenta puede ser demasiado tarde” indicó el legislador.
El diputado Gastón Saavedra, en tanto, indicó a Vanguardia que “la situación me parece pésima y totalmente deplorable. Creo que es una mala práctica del gobierno de mantener estas políticas de exonerar a la gente, sobre todo a final de año. Ya prácticamente ha pasado casi un año de la instalación del gobierno y además, toda vez que se hizo un acuerdo entre la ANEF y el gobierno respecto del aumento salarial y de terminar con los despidos y las prácticas de malos tratos al interior de los distintos servicios que componen el aparato público”.
El miembro precisamente de la comisión Trabajo de la Cámara, añadió que “este incumplimiento y esta forma de abordar las relaciones laborales al interior del sector público es deplorable, rechazable y habla muy mal de un gobierno que lo único que está buscando es instalar sus operadores políticos. Además, fue tan crítico por tantos años, es una inmoralidad y una inconsecuencia, con la Presidenta Bachelet y todo el equipo que gobernó ese tiempo alegando que el Estado era un botín, en donde estaba plagado de operadores políticos. Hoy día estamos viendo las mismas prácticas de las cuales ellos tanto aspaviento hicieron en su momento”.
En relación al apoyo que ha brindado a los trabajadores estatales precisó que “he estado permanentemente con ellos, en todo momento con la ANEF, acá en el Distrito en la región Talcahuano, Concepción y he apoyado los llamados de la ANEF, sus movilizaciones. Hemos concordado algunas acciones ante la Contraloría y los tribunales y siento que se producirá un acuerdo político de la oposición en el Congreso para el abordaje de temas en los que el gobierno va a tener que entender, como por ejemplo, la modernización tributaria o la reforma previsional. Si es que no cambia la forma y su proceder no va a contar con la oposición para los trámites legislativos futuros”, aseveró Saavedra.
Mención aparte merece la Alta Dirección Pública, la que justamente se crea con el objetivo de que profesionales altamente calificados e idóneos se incorporen, con buenas remuneraciones al andamiaje estatal. Sin embargo, la gran mayoría de dichos funcionarios también han sido removidos, ya que las autoridades políticas han querido rodearse de aquellos más cercanos ideológicamente, lo que, por cierto, no es sinónimo de buena calidad en él, a estas alturas, menospreciado servicio público.
