Una preocupación permanente del Estado, organizaciones y ciudadanos es el comportamiento de los fenómenos delictivos en sus territorios de interés. Encuestas de victimización nacional y local, instrumentos de medición de percepción e indicadores de delitos de mayor connotación social (DMCS) así como datos proporcionados por el Ministerio Público, entre otros, entregan antecedentes para comprender las dimensiones objetivas y subjetivas de estos así como permiten mediante el análisis de datos el desarrollo de interpretaciones y comprensión de los fenómenos que orienten y apoyen acciones de variado tipo.
Así por ejemplo, los últimos datos públicos presentados por la Fundación Paz Ciudadana en lo que dice relación con su estudio Índice Paz Ciudadana – GFK Adimark y obtenidos mediante el desarrollo de una encuesta telefónica y presencial anual con poco más de 2 mil casos encuestados durante el mes de septiembre, arrojó reveladores evidencias que en lo general muestran una baja en la victimización desde un 39,7% a un 36,4% para los hogares que han señalado algún miembro de la familia ser víctima de robo o de intento de robo.
Sin embargo, al desagregarlo por niveles socioeconómicos los datos comienzan a entregar evidencias disímiles de una baja significativa en los niveles socioeconómicos altos, un poco menos en los medios y un aumento de la victimización por robos e intentos de robo en los niveles socioeconómicos bajos, justamente donde la acción del Estado y sus dispositivos es más necesaria y urgente y donde el acceso y gestión de la seguridad pública y privada es menor o inexistente.
Lo que es aún más revelador y coincidente con los análisis que hemos desarrollado durante el año, es que esta encuesta evidencia un aumento en los últimos 6 meses en la proporción de los delitos violentos asociados a robos e intentos de robos alcanzando un 27,8% este 2018 y siendo de 22,4% el año 2017, lo cual es coincidente con datos policiales y territoriales que desde hace varios meses comienzan a mostrar una mutación de los fenómenos delictivos con un uso de mayor violencia e intimidación, lesiones y uso de armas de fuego así como un desplazamiento y aumento marcado de ciertos delitos violentos en sectores vulnerables de concentraciones urbanas en la Región Metropolitana, Gran Concepción y Gran Valparaíso, entre otras.
Este mismo Índice revela una esperanzadora noticia como es la disminución estadísticamente significativa de los niveles de temor, especialmente del temor denominado “alto”, el cual disminuye desde un 16,6% el 2017 a 10,8% en 2018. Dato que se puede correlacionar inicialmente con el arrojado por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2017, ENUSC, en cuanto a que la percepción de las personas con respecto al aumento de la delincuencia bajó en cerca de 5 puntos al comparar el año 2017 con el 2016.
Un dato arrojado por el Índice de Paz Ciudadana que puede ser interpretado como contradictorio es el que se refiere a las personas que denuncian los delitos de que son víctimas, el cual indica un aumento de 55,1% a 61,2%. Lamentablemente al revisar los datos objetivos publicados por la Subsecretaría de Prevención del Delito vía el Informe Trimestral de Delitos de Mayor Connotación Social correspondiente a datos administrativos de denuncia recogidos por las instituciones policiales durante el trimestre julio, agosto y septiembre de 2018 y comparados con igual trimestre del año 2017, estos arrojan una preocupante disminución de un 8 %, pasando las denuncias totales de 116.250 a 107.743 para el período y entendiendo también los altos porcentajes de no denuncia efectiva de la población y por tanto la importante “cifra negra” que se esconde detrás de dicho comportamiento.
Es muy relevante una adecuada y correcta lectura e interpretación de estos datos, lejos de sesgos, minimizaciones o de la inmediatez de respuestas efectistas y reactivas, para así comprender y activar políticas públicas e instrumentos que aborden la complejidad y los múltiples factores que intervienen en los fenómenos delictivos y de violencia, sus causas y no tan solo sus consecuencias, sus dimensiones territoriales cada vez más focalizadas y próximas, incentivar la denuncia, profundizar la prevención, erradicar armas de fuego y observar con detención y corregir dispositivos o sistemas que pudiesen no estar cumpliendo su objetivo o bien profundizando las desigualdades. En definitiva, una oportunidad desde los enfoques adaptativos, desde los modelos de la seguridad ciudadana integral, desde los territorios locales, barrios y comunidades, lejos de populismo, miradas punitivas y reactivas y de respuestas solo policiales.
