Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema el pasado viernes 7 de abril, analizó la iniciativa legal que tipifica el delito de desaparición forzada de personas. Remitiendo informe a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados ayer, martes el 11 de abril.
El proyecto de ley, presentado por los diputados Hugo Gutiérrez, Tucapel Jiménez y René Saffirio, otorga competencia a los tribunales civiles para tramitar procesos en los que se encuentre involucrado personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
“La indicación aludida, como ya se expresó, es por cierto una modificación a la organización del Poder Judicial puesto que precisa la competencia de los tribunales de justicia, tanto en lo que se refiere a la materia como al fuero, que son factores que la determinan”, opina el máximo tribunal.
“La indicación en análisis del proyecto restringe aún más la jurisdicción castrense al considerar en primer término los hechos punibles indicados en el artículo 148 A del proyecto como delitos comunes y además, cuando se trate de hechos que involucran a militares entre sí, su condición castrense no permite radicar el conocimiento del asunto en tribunales militares y por lo tanto, la competencia por estos hechos y con esta particularidad queda sometida a los tribunales ordinarios de carácter penal”, sostiene el informe.
El oficio agrega que: “la indicación se enmarca en el criterio que ha manifestado esta Corte Suprema, en orden a restringir la competencia de los tribunales militares a lo esencialmente castrense, incluso ha manifestado su opinión mayoritaria en la eliminación de dicha judicatura, según informes anteriores, de modo que no se advierte inconveniente en aceptar que delitos de esta naturaleza, según la definición que entrega la indicación aceptada por la comisión -desaparición forzada- que se cometa entre militares, sea de conocimiento de los tribunales ordinarios, puesto que tratándose de civiles, siempre lo serán, conforme lo dispone la ley 19.477, ya que un hecho de esa naturaleza, no puede jamás entenderse como un delito militar y porque ha de presumirse que la víctima a la fecha del ilícito, frente a los hechores, en la realidad no parece que haya sido considerada como militar. De este modo, la indicación para el caso en estudio, importa modificar el N° 3 del artículo 5° del Código de Justicia Militar entendiendo que estos hechos no son actos del servicio militar o con ocasión de él, aun cuando se hubieren cometido en los recintos que dicha norma preceptúa como militares”.
“(…) cabe destacar que el artículo 6º de la Ley 20.357, que Tipifica Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y Delitos de Guerra, contiene la misma redacción que aquella formulada en la disposición del proyecto, es decir que, como delito de lesa humanidad, ya está previsto en el ordenamiento jurídico chileno. En este contexto, debiera entenderse que el proyecto que ahora se analiza importará la incorporación de un hecho ya regulado, ahora como delito común, en la medida que no se den las circunstancias de terrorismo, genocidio o de lesa humanidad y, cuya consecuencia manifiesta referirá a la determinación de la competencia del tribunal frente a los delitos de militar contra militar”, concluye.
DJ
