Con la participación de los abogados penalistas Enrique Aldunate y Pablo Celedón, la Comisión de Seguridad Ciudadana continuará en enero con el análisis del proyecto que sanciona el engaño orientado a infundir temor en la víctima en relación con el supuesto secuestro de algún miembro de su grupo familiar (boletín 10735).
La propuesta legal, que viene a hacerse cargo de un fenómeno cada vez más habitual en Chile, ingresó a trámite legislativo el martes 7 de junio de 2016, por parte de un grupo de diputados de la UDI, encabezados por Juan Antonio Coloma e integrado también por Sergio Gahona, Gustavo Hasbún, Javier Hernández, Issa Kort, Patricio Melero, Andrea Molina, Celso Morales, Claudia Nogueira y Felipe Ward.
La iniciativa consta de un artículo único que modifica el Código Penal estableciendo que quien, a través de cualquier medio de comunicación le indique a otra persona la circunstancia de mantener encerrado o detenido a su cónyuge, hijos o a cualquier miembro de su grupo familiar, se le aplicará la pena prevista para el delito de secuestro (presidio menor en su grado máximo, esto es, desde tres años y un día a 5 años) aumentado en dos grados.
Además, se establece que estas personas no podrán optar a beneficios penitenciarios, sino una vez trascurrida la mitad de la condena.
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Adicionalmente, se determina que quien cometa este delito y se halle en prisión, no podrá ser favorecido con ninguno de los beneficios penitenciarios contemplados en las normas legales y reglamentarias que importen su puesta en libertad.
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