La pandemia por el COVID-19 y la necesidad de aplicar cuarentenas sanitarias ha puesto en la palestra el tema de la vivienda en Chile, evidenciando la precarización habitacional a la que ha estado sometida nuestra población estos últimos cuarenta años, perdiendo lo alcanzado hasta 1973. Repasemos un poco de historia.
El interés estatal por regularizar y ampliar la oferta habitacional nace durante el gobierno de Manuel Bulnes (1841- 1851) cuando se dictan reglamentos sobre la construcción de “cuartos redondos”, llamados así porque no tenían ventanas, los que son el origen de los “conventillos” (1888) que albergaron a numerosas familias provenientes de distintos puntos del país, especialmente en la ciudad de Santiago. La ausencia de alcantarillado y agua potable, además del hacinamiento y la falta de ventilación, los transformaron en focos de epidemias, por lo que será una de las razones que llevaran al movimiento obrero o “cuestión social” a presionar por la dictación de la Ley de Habitación Obrera (1906), pionera en Latinoamérica, y que se basó en las legislaciones de Bélgica y Francia a quienes copiaremos sus modelos urbanos, tal como lo atestigua la arquitectura del centro histórico santiaguino.
La efervescencia popular que buscaba alcanzar una vivienda digna para los sectores más desposeídos de la sociedad continuará durante todo el siglo XX y producto de ello es que nacerán instituciones como la Caja de Habitación Popular (1936) dependiente del Ministerio del Trabajo, la que posteriormente dará origen a la Corporación de la Vivienda (CORVI, 1953), y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU, 1965), quien tendrá como misión fundamental el establecimiento de una política habitacional. Entre los hitos fiscales en materia habitacional más destacables están la construcción de poblaciones -como la Juan Antonio Ríos y la Villa Portales, que proporcionarán más de siete mil viviendas, entre casas y departamentos- y la dictación de la llamada “Ley Pereira”(1948) en honor a su creador. A través de esta ley se impulsó la construcción de casas económicas exentas de pagos tributarios y destinadas a sectores de ingresos medios, estipulando un terreno de entre 100 y 300 m2, dos pisos de 120 a 130 m2 útiles, dejando el primero para un living y comedor separados, cocina, baño y un dormitorio de servicio, y en el segundo piso, tres dormitorios y 1 o 2 baños; bien iluminadas y ventiladas, además de espacio para un jardín. Para acceder a ellas se estableció el “Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda” y se destinaron terrenos en las actuales comunas de Ñuñoa, Providencia, Las Condes y Vitacura.
A partir de los años sesenta y producto de una masiva migración campo-ciudad, aparecen las llamadas “poblaciones callampas”, por surgir en lugares poco salubres de modo casi instantáneo y aumentarán las “tomas de terrenos” que el Estado regularizará con la “Operación Sitio o Tiza”. A principios de la década de los setenta se reconocerá el acceso a la vivienda como un derecho social siendo deber del Estado proporcionar las condiciones para obtenerla implementando un plan habitacional de gran alcance y de rápida construcción. Para este fin se inauguró en 1972 la fábrica de paneles prefabricados de concreto “KPD”, primera en su estilo, y que hasta septiembre de 1973 construyó 153 edificios de departamentos en Quilpué, Valparaíso, Viña del Mar y Santiago, de entre 67 y 84 m2 . Luego del golpe de Estado pasó a manos de la Marina y fue cerrada definitivamente en 1981; hasta la fecha no se ha superado su nivel de productividad. A partir del principio de subsidiariedad estipulado en la Constitución de 1980 y hasta el día de hoy se entrega a empresas privadas la construcción de viviendas sociales., mediante el sistema de licitaciones. ¿Cómo ha funcionado el sistema?
En la actualidad el déficit habitacional ha superado todas las proyecciones realizadas por las distintas entidades públicas y privadas encargadas de estudiar este tema. Por ejemplo, se estima que el número de campamentos y asentamientos ilegales entre 2011 y 2019 aumentaron de 27 mil familias a 47 mil, y ¡en sólo ocho años! La pandemia y la crisis económica derivada de ella ha agudizado el problema precarizando aun más las condiciones de vida lo que ha sido denunciado por estudios presentados este mes de marzo los que indican que el número de campamentos es el más alto desde 1996 (969 a febrero de 2021), es decir, un aumento de 73,52% de familias y 20,32% de asentamientos. Si a estas cifras agregamos las características de las viviendas en general tanto para ingresos medios como bajos nos enfrentamos a un problema mayor, puesto que las superficies construidas están promediando los 40 a 50 metros cuadrados -¡qué lejos de la ley Pereira!- y con materiales de baja calidad, donde la intimidad no existe y las posibilidades de ampliar la vivienda es escasa por la poca superficie del terreno disponible. Además, han promovido la segregación socio-espacial creando verdaderos guetos con deficiente infraestructura urbanística, calles estrechas, poco o nulo patio, sin áreas verdes y lejos de centros educacionales, de salud y de seguridad ciudadana.
Pero la cosa no termina ahí, ¿sabían que el precio de las viviendas en Chile, sobre todo en las ciudades de Concepción, La Serena o Santiago están entre los más caros del mundo, comparables a Londres, Nueva York o Toronto? Claramente de muy inferior calidad y sin los beneficios urbanísticos que ellas poseen. Si no lo han hecho los invito a “vitrinear” virtualmente por las ofertas de las inmobiliarias que aparecen en la red, les aseguro que se sorprenderán de como promocionan departamentos desde ¡15 metros cuadrados! a los que llaman “estilo japonés” e incluso, no hace mucho, en un noticiario nacional hicieron un reportaje en el que alababan esta tendencia en la que mencionaban, entre muchas de sus “virtudes”, la posibilidad de “encontrarse consigo mismo”, (un poquito descarado, ¿no creen?) No es coherente que el Estado hable del valor de la familia y la necesidad de aumentar el numero de hijos para, entre otras cosas, financiar las pensiones de vejez, y al mismo tiempo fomente o al menos acepte viviendas precarias, pequeñas y enormemente caras. Por otro lado, asumo que si se continúan desarrollando más proyectos inmobiliarios es porque existe un mercado comprador, ¿qué características y de dónde proviene esta demanda habitacional?, me interesa de sobremanera esta respuesta.
El estilo de vivienda habla no sólo del grupo humano que la habita sino del tipo de sociedad a la que se pertenece, por ello encuentro increíble que un siglo de políticas sociales enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población haya sido desechado en beneficio de un sistema que precarizó la vida de los chilenos. Estimados, por eso hay que saber Historia, para que no nos emborrachen con propagandas ideologizadas que nos ocultan el desarrollo alcanzado por nuestro país antes de la fantasía neoliberal. El derecho a una vivienda digna que privilegie el desarrollo personal y el de la comunidad debe estar consagrado en nuestra nueva Constitución .
¿Estamos de acuerdo en ello?
Por Nidia Araya M.
Profesora de Estado en Historia y Geografía. Licenciada en Educación en Historia y Geografía Universidad de Santiago de Chile.
Magíster en Administración y Gestión Educacional Universidad Mayor
(*) Las opiniones vertidas en esta columna no reflejan necesariamente la línea editorial de «La Vanguardia Chile»
