La crisis sanitaria que actualmente experimentamos ha provocado que todos los países busquen mecanismos de control ante los contagios y Chile no está exento de esto. Una de las últimas discusiones en torno a las medidas que se deben adoptar ha sido respecto al manejo de los datos relativos a las personas contagiadas. Las municipalidades han solicitado que se les entregue dichos datos con el fin de poder dar respuesta en sus comunas a las razonables demandas de seguridad sanitaria. Legítimamente parte de la población desea saber si sus vecinos están contagiados con el fin de “protegerse y autorregularse”, siguiendo para ello los ejemplos de países como China o Corea del Sur en los cuales se ha intensificado el lado “positivo” de la entrega de datos.
El Estado en Corea del Sur, mediante la tecnología de la geo-localización, sabe dónde y cuándo estuvo una persona contagiada. Por su parte, China utiliza sus sistemas de vigilancia para identificar quienes quebrantan la cuarentena, y así como estos casos, existen otros países que también han utilizado los datos personales para intentar controlar la pandemia.
¿Chile está preparado para abrir la puerta al “Gran Hermano”?
Pareciera ser que estamos ante una búsqueda de equilibrio entre privacidad y “seguridad” sanitaria. Hace unos días se filtró un listado de seguimientos de casos potenciales de Covid-19. Hemos sido testigos de casos donde se ha atacado al personal de salud, a la comunidad china residente, e inclusive se han efectuado descalificaciones en contra de la gente contagiada o potencialmente contagiada, por lo que no solo estamos ante una lesión a la privacidad sino ante una inminente lesión a la integridad física. En tal sentido surge la siguiente interrogante
¿Cómo se podría garantizar que la entrega de datos sensibles no sea la causa de una cacería de brujas?
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Desde una arista legal, la Contraloría General de la República y el Consejo para la transparencia ya han señalado que no es posible que otro ente que no sea la autoridad sanitaria maneje la información de las personas contagiadas. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que se debe proteger el derecho a la privacidad y, por ende, los estados deben encontrar el equilibro en el manejo de datos para que no se vea dañado este derecho, por lo que toda medida debe ser proporcional.
Sin la publicidad de los datos de los contagiados estos ya sufren discriminación y no solo ellos, sino también los que se encuentran propensos al contagio, por lo que la idea de autorregulación fracasa inclusive sin aplicarla pues el individualismo es más fuerte: en lugar de ayudar al contagiado se le persigue.
Por otra parte es necesario recordar que Latinoamérica pasa por una crisis institucional, por lo que tampoco parece factible desde esta perspectiva la apertura a la entrega de datos sin primero analizarlo debidamente, ya que en ocasiones nuestros datos médicos han sido entregados como por ejemplo mediante acuerdos entre farmacias e isapres. ¿Qué nos asegura que el data no genere un aprovechamiento?
A esta discusión también se debe considerar que las políticas implementadas en Asia no solo involucran lo antes dicho, sino también el uso de alta tecnología mediante el uso de robots, drones, cámaras termosensibles, además de la presencia de un régimen totalitario ante otra problemática de privacidad.
Para entregar parte de nuestros derechos es necesario que exista suficiente confianza tanto respecto de la autoridad como con de la sociedad, factores que hoy no existen. La apertura de datos pareciera tener más contras que pros pero aun así se encuentra en la palestra pues la idea tentadora de control ante una crisis sanitaria nubla la vista de los demás problemas que podría provocar.
Por Alejandra Poillot
Ayudante de Derecho Constitucional
Universidad Alberto Hurtado
