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Compatibilizar la certeza jurídica con la administración eficiente de las cuencas hidrográficas y asumir el nuevo escenario de escasez hídrica que enfrenta el país son algunas de las inquietudes que han expresado las diversas organizaciones de Juntan de Vigilancia y dirigentes de regantes y canalistas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins, en el marco de la tramitación del proyecto que reforma el Código de Aguas, correspondiente al Boletín Nº 7543-12.
La Comisión de Recursos Hídricos continuó esta semana con la ronda de audiencias de modo de conocer las distintas opiniones y propuestas de los gremios y organizaciones involucradas.
En la oportunidad expusieron los representantes de las Juntas de Vigilancia del Río Choapa, del Río Tinguiririca, del Río Illapel, del Río Aconcagua III Sección; de la Confederación de Canalistas de Chile, de la ONG «Me Comprometo», de la Sociedad Nacional Agrícola, del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA) y de la Sociedad Agrícola del Norte. Además de representantes del Ejecutivo y la DGA.
La senadora Adriana Muñoz, presidenta de la instancia valoró las distintas visiones y propuestas de las organizaciones que expusieron, así como “las observaciones en materia de certeza jurídica que piden diversos dirigentes y organizaciones en materia de derechos de aguas otorgados, de los nuevos derechos en forma temporal y la causal de caducidad”.
Agregó que “hay incertidumbre porque, a juicio de varios expositores, la redacción no da certeza de derechos, tal como lo dice la legislación, por lo que creo que durante el debate tanto en general como en particular abordaremos el tema”.
La parlamentaria manifestó que “también existen dudas sobre por qué se van a entregar derechos en concesión y la verdad es que necesitamos poner al día una normativa, dado que estamos legislando en escenarios urgentes dada la actual escasez hídrica”.
Por su parte, el senador Francisco Chahuán también destacó la importancia de recibir a todos los actores involucrados y recalcó que algunas de las principales preocupaciones tienen que ver con el “carácter expropiatorio o no, respecto de derechos actualmente constituidos”.
Al respecto, precisó que “hemos señalado que el derecho a propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas actualmente constituidos; las facultados uso goce y disposición no pueden ser alterados porque traería incertidumbre de derechos de aguas y también desvincularía las aguas de los predios”.
Precisó que “otra cosa son los perfeccionamientos en las necesidad de avanzar en la inscripción de los derechos que hoy día puede tener un titular para saber cuántos derechos tiene una cuenca y cuántos se usan efectivamente para no generar sobre explotación”.
Fuente: Senado
