Fueron varias las indicaciones votadas en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados al proyecto que tiene como objetivo tipificar el delito de incitación a la violencia, tema que ha ido adquiriendo relevancia pública con los actos racistas en la Araucanía y los llamados violentos de videos de Sebastián Izquierdo y otros militantes del sector más extremo de la derecha que lidera José Antonio Kast.
El proyecto presentado en 2017 por el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, y que ya fue aprobado en general por la Sala, tiene por objetivo sancionar penalmente a quienes promuevan discursos que generen una apología del odio y que inciten actos de violencia afectando a un grupo de personas o a sus miembros, en base a lo dispuesto tanto en los pactos internacionales de derechos humanos, como el ordenamiento jurídico interno.
En la sesión se modificó el artículo que establece que será sancionado quien públicamente, o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incitare directamente a la violencia física en contra de un grupo de personas o de un miembro de tal grupo, basado en etnia, nacionalidad, afiliación política o deportiva, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, enfermedad o discapacidad, agregando también el concepto de pueblo.
Sin embargo, se eliminaron las expresiones: situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión, visión filosófica, trabajo que realiza, edad, filiación, apariencia y personal.
Además, se agregó que la sanción será siempre que dicha incitación perturbe el orden público o bien impida, obstruya o restrinja de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de él o los ofendidos.
El documento establece que la pena para este delito será de presidio menor en su grado medio (de 541 días a tres años y un día) y multa de 40 a 60 UTM ($1.990.000 a $2.980.000 aproximados). Y, al igual que para la incitación a la violencia y el odio, si las conductas las realiza un funcionario público en el ejercicio de su cargo, la pena aumentará un grado y se aplicará la multa máxima, junto a la inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para el ejercicio de funciones públicas.
