La Asociación Nacional de Magistrados, a través de un comunicado, cuestionó la legalidad de la aplicación de la norma con la que se determinó suspender los efectos de la resolución tomada por el juez Daniel Urrutia, de cambiar la prisión preventiva a domiciliaria de 13 imputados de la «primera linea», ya que, como citan, la legislación establece que “no procederá abrir proceso disciplinario por decisiones contenidas en resoluciones judiciales dictadas en asuntos jurisdiccionales, existan o no recursos procesales que permitan impugnarlas”.
“Pero eso no es lo más grave”, establecen desde la organización, “sino la severa afectación a la independencia judicial interna“.
Así también, establecen que no se puede suspender al afectado en el ejercicio de sus funciones sin ser oído, que fue pasado a llevar su fuero gremial, y que “ni en el peor escenario legislativo es posible llegar a una afectación directa a la independencia judicial interna, de la forma en que se ha hecho en esta ocasión”.
Además, hacen un llamado al pleno de la Corte de Apelaciones a “anular de oficio la decisión adoptada, permitiendo que operen los canales legales de impugnación”.
Por su parte, el presidente de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro (PRO), criticó el fallo y anunció que apelará a la Corte Suprema.
“El juez no fue escuchado, por lo que se viola el principio contradictorio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció; escuchar al juez antes de tomar una medida sancionatoria. Es por eso que vamos a recurrir de queja ante la Corte Suprema por esta medida arbitraria e ilegal”, sostuvo Navarro.
Así también, comparó la situación con lo ocurrido con el juez Carlos Cerda durante la dictadura, en el conocido “caso de los 13”, en el que el magistrado fue uno de los primeros que se opuso a aplicar la ley de amnistía y que investigó a los agentes represivos del Estado, lo que le valió una sanción por parte de la Corte Suprema.
“Lo siento profundamente porque jueces como Carlos Cerda en el pasado también fueron amonestados por hacer cumplir la ley y respetar el derecho de las personas. La Corte de Apelaciones se ha equivocado doblemente y yo espero que lo corrijan”, afirmó el senador.
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