Según informó La Tercera Chile, tres personas son el centro de la investigación que realiza la Fiscalía Centro Norte en la causa por tráfico de migrantes chinos hacia Chile. El primero es el empresario Álvaro Jofré Cabezas, le sigue una persona de nombre Jing Wang y el tercero es Diego Rivera López, quien ocupa el cargo de primer secretario en la Cancillería.
Fue en el marco de esta investigación que la fiscalía y la PDI detectaron los contactos que Jofré mantenía con el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC). La indagatoria, además, arrojó que el parlamentario había realizado gestiones para el empresario con Carlos Appelgren Balbontín, el director de Asuntos Consulares e Inmigración. A raíz de esto, el Ministerio Público comenzó a investigar a Zaldívar en calidad de imputado en los delitos de tráfico de migrantes y cohecho e incluso pidió a los tribunales intervenir su teléfono celular.
Por este caso, ayer efectivos de la PDI concurrieron hasta las dependencias de Cancillería para realizar diligencias. Según trascendió, se habrían entrevistado con algunos funcionarios y se habrían llevado un computador perteneciente a la Dirección de Asuntos Consulares.
Al respecto, desde Cancillería indicaron que “en relación a diligencias efectuadas o que pudieran efectuarse en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la materia consultada, la Cancillería manifiesta que ha prestado y continuará prestando su plena colaboración con el desarrollo de las mismas, no correspondiéndole a esta secretaría de Estado referirse al detalle de las mismas, que son normalmente reservadas, puesto que ello le cabe a la autoridad que las haya decretado”.
Otros temas
El funcionario de planta del Ministerio de Relaciones Exteriores indagado por esta causa, Diego Rivera López, ha desarrollado carrera diplomática desde 1993 y era cónsul de Haití cuando en 2012 falleció el sargento de la Armada Guillermo Arévalo, quien se desempeñaba como auxiliar de la Agregaduría de Defensa en ese país, tras ser baleado a la salida de la discotheque Barak en el barrio de Petion-Ville, en Puerto Príncipe.
Los vínculos que unen a Rivera con la red investigada por el Ministerio Público quedaron plasmados en un documento que el pasado viernes la fiscal Ximena Chong ingresó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Ahí, se indica que “el Ministerio Público ha seguido esta investigación desde junio del presente año, y que gracias a la información obtenida a través del monitoreo de los números telefónicos, utilizados por Álvaro Jofré Cabezas, Jing Wang y Diego Rivera López, fue posible apreciar las coordinaciones entre estos, quienes han realizado una serie de actividades reiteradas en el tiempo, a fin de promover y facilitar con ánimo de lucro la entrada ilegal de ciudadanos chinos a nuestro país”.
En otro documento ingresado por el Ministerio Público al tribunal el pasado 9 de noviembre, en el cual se solicitó aumentar por 15 días la intervención del teléfono celular de Zaldívar, se indicó que Jofré tenía contacto con Diego Rivera López y que se jactaba de esta situación.
La Cancillería, consultada sobre el antecedente que vincula a este funcionario, indicó que no entregarán información.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, no obstante, sí entregó su versión sobre el proceso de visa para ciudadanos chinos y en lo que refiere a Appelgreen. Respecto del primer punto, explicaron que “el proceso de entrega de visas, que son competencia de la Cancillería, responde a protocolos y controles establecidos, que están a cargo de la Dirección de Política Consular”. Añade que “los elementos que se consideran para otorgar o denegar esta autorización incluyen el propósito del viaje del interesado, los antecedentes entregados, la solvencia económica, así como los antecedentes policiales y eventualmente penales del solicitante. Este proceso se realiza en coordinación con otras instituciones del Estado”.
Desde la entidad también indicaron que “en octubre pasado, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, contactó al director general de Asuntos Consulares y de Inmigración, embajador Carlos Appelgren, para solicitar información sobre un grupo de 23 ciudadanos chinos que solicitaron visas para viajar a nuestro país. Esas visas fueron denegadas por no cumplir con los requisitos, lo que fue informado oportunamente a los solicitantes a través de los canales correspondientes, y al mencionado senador”.
La investigación desarrollada por los fiscales Marcelo Carrasco y Ximena Chong ha determinado que esta red ingresó al país 32 ciudadanos chinos entre el 7 de junio y el 12 de julio. No obstante, la agrupación también tenía pensado gestionar el paso hacia Chile de personas de otras nacionalidades.
En el escrito de la fiscal Chong del viernes, en que se pide intervenir el teléfono celular de una mujer de iniciales N.E.S.A., se indica que “el imputado Jofré Cabezas estaría realizando diversas gestiones para el traslado y acogida en territorio nacional de dos mujeres venezolanas, quienes una vez en territorio nacional ejercerán el comercio sexual”.
El documento añade que Jofré le señaló a la imputada “que debía conseguir un departamento donde pudieran trabajar (…). Posteriormente, continúa la conversación y le indica que podría pasarle las imágenes de las mujeres a su hermano, para ser publicadas en una web”. Agrega que el objetivo era tener un sitio destinado al comercio sexual.
