La propuesta del gobierno presentada con bombos y platillos el martes pasado no convenció mucho en lo general. Faltaba la «bajada» y eso ocurrió este miércoles con el proyecto de ley (Boletín Nº 13.653-05) ingresado a la Cámara de Diputados.
La propuesta del ejecutivo incluye requisitos y trámites que podrían hacer caer en un pantano a los eventuales beneficiarios, algo que ya sucedió con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 1 y 2.
«La Vanguardia» analizó el contenido de uno de los beneficios: el denominado bono o financiamiento de transferencia directa.
¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS?
Otros temas
La primera exigencia es que el promedio mensual de rentas percibidas en el año calendario 2019, sea igual o mayor a $500.000.
Además, los beneficiarios deben estar en alguna de las siguientes condiciones:
- Con contratos suspendidos por orden de autoridad o por pacto.
- Cesantes y que hubieren agotado sus fondos de cesantía.
Los trabajadores dependientes que tengan al menos una disminución del 30% de su ingreso mensual.
Así la propuesta gubernamental excluye a:
- Todas personas que tienen rentas inferiores promedio a los $500.000 durante el año 2019, a quienes se supone llegó el beneficio el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 1 y 2, aun cuando hay un millón de rechazos a postulaciones.
- Todas las personas que son trabajadores independientes.
- Todas las personas -casi el 30%- que son trabajadores informales o por cuenta propia.
¿ELEGIBILIDAD?
Este concepto ha utilizado el ministro de hacienda Ignacio Briones y el mismo presidente Sebastián Piñera en reiteradas ocasiones, dando la señal de que se trata de una medida que la ortodoxia de los economistas del gobierno y el Instituto Libertad y Desarrollo que diseña las políticas públicas del gobierno, que denominan «focalización».
Así la propuesta del gobierno impone la exigencia de formular una solicitud -postulación según Briones- a quiénes están cesantes y se quedaron sin fondos en sus cuentas de fondos de cesantía como también a quienes están trabajando.
Aquí comienza la exigencia burocrática similar a la de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 1 y 2) que muchos eventuales beneficiarios no tuvieron posibilidad de acceder.
El proyecto señala que:
- Deberán presentar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) una declaración jurada simple,
- Acompañar antecedentes necesarios para verificar la procedencia y cantidad del beneficio, y
- Dar cuenta de que está en pleno conocimiento de los efectos y sanciones administrativas y penales por la obtención de un beneficio mayor al que corresponda, según establece el artículo 12, en la forma que determine el Servicio de Impuestos Internos mediante una resolución.
Presentada la solicitud el Servicio de Impuestos Internos evaluará los antecedentes presentados sin que la ley le fije un plazo.
En caso de ser elegible el solicitante, el SII remitirá los antecedentes a Tesorería para el pago dentro de 10 días hábiles.
